lunes, 28 de mayo de 2012

Pasivos Ambientales

Ahí va una nota de Pagina 12 especificando la contaminación ambiental de Repsol. Los pasivos ambientales deberían tenerse en cuenta en la cuentas nacionales. La ecología es cada vez mas una cuestión económica.


Huellas de la contaminación petrolera

En la localidad de Añelo, a cien kilómetros de la ciudad de Neuquén, la Policía Federal y la Corte Suprema certificaron que los habitantes del lugar “presentan medidas alarmantes de mercurio, cromo y plomo en sangre”.






Por Carlos Rodríguez - Pagina 12
Desde Neuquén
Desde que YPF pasó a manos privadas y hasta hoy, se presentaron decenas de denuncias civiles y penales por contaminación ambiental producida por derrames de petróleo en Neuquén y Río Negro. En una de las causas, que llegó a la Corte Suprema de Justicia, se afirma que Repsol y otras empresas extranjeras deberían pagar por daños ambientales una suma que se estima en el orden de los cinco mil millones de dólares. El caso fue presentado en 2006 por la Asociación de Superficiarios de Petróleo de la Patagonia (Assupa), demanda a la que se sumaron, como querellantes, unos 200 pobladores de la Comunidad Mapuche de Añelo, ubicada a cien kilómetros de la ciudad de Neuquén. Una de las demandantes, Cristina Cherqui, de 55 años, falleció el 16 de abril de este año. Años atrás le detectaron plomo y otros metales pesados en la sangre. Además de Repsol, las demandas alcanzan también a las empresas Pan American, Chevron, Total Austral y Medanito. En total son 18 las implicadas en las denuncias.
La presentación de Assupa, a la que tuvo acceso Página/12, centraliza las denuncias por la contaminación sufrida en las cuencas de los ríos Negro y Colorado. Lo que se solicita es que las empresas sean condenadas a tomar “todas las medidas necesarias para la desaparición de los agentes contaminantes del medio ambiente y para la recomposición de los daños colectivos ambientales causados” por la actividad petrolera. En lo que respecta a la situación en el llamado “Desierto de Añelo”, la División Delitos Ambientales de la Policía Federal y el Laboratorio de Toxicología y Química Legal de la Corte Suprema determinaron que los cuatro mil habitantes del lugar “presentan medidas alarmantes de mercurio, cromo y plomo en sangre”, mientras que el agua del lago de la región “está contaminada 500 veces más de lo permitido para uso recreativo”.
Assupa sostuvo en uno de sus informes que “el problema es mucho más grave porque además de la contaminación en el terreno, hay que sumar la contaminación en los lagos Los Barreales y Marimenuco, de donde sale el agua supuestamente potable que abastece a la ciudad de Neuquén” y otras zonas pobladas de la provincia. Los estudios de los expertos se hicieron sobre las napas freáticas y sobre las aguas de superficie.
Luis Arellano, apoderado legal de Assupa, le dijo a este diario que “los niveles de hidrocarburos en el agua que toma la gente son alarmantes” y precisó que en la zona de Loma La Lata, una de las de mayor producción de petróleo en el país, “la presencia de hidrocarburos en el agua llega a los 150 microgramos por litro”.
Las penas por envenenamiento con residuos tóxicos tienen una escala ascendente que va de los tres a los 25 años de prisión, según la gravedad del hecho. Las sanciones más altas son para los casos en que se hayan producido muertes comprobables y compatibles con problemas derivados de la contaminación ambiental. El caso de Cristina Cherqui llegó en estos días a la Cámara de Diputados de la Nación, donde algunos legisladores solicitaron que se pida al Poder Ejecutivo Nacional que presente un informe retrospectivo sobre las medidas, sanciones y condenas que se hayan tomado o que se puedan llegar a tomar en el futuro, a partir de la expropiación de la empresa, en contra de las empresas Repsol YPF, Pan American, Chevron, Total Austral y Medanito, entre otras petroleras que operan o han operado en la zona. La advertencia es, además, para que en el futuro se tomen los recaudos necesarios para que no se repita la misma situación.
En Rincón de los Sauces también hay denuncias contra Repsol. Una de las primeras se produjo en mayo de 1997, a partir del derrame de unos diez mil litros de combustible en el yacimiento Lomitas Sur, que forma parte de la zona Chihuidos-Lomitas. El accidente ocurrió en la Batería 15, ubicada unos 30 kilómetros al oeste de Rincón y a diez kilómetros del cauce del Río Colorado. En esa Batería se encontraban en plena producción 20 pozos, con una extracción diaria de 700 metros cúbicos por día. En ese momento, Lidia Anaya, que integraba la Comisión de Madres de Rincón de los Sauces, denunció que las empresas petroleras y las autoridades locales y nacionales estaban “tratando de minimizar el problema”.
En agosto de 2011 otra denuncia conmocionó a Rincón. Raúl Martínez, ex operario de la firma Baker Hughes, denunció ser víctima de contaminación radiactiva. El Global Dosimetry Solution de Canadá envió a la Baker en Argentina un informe confirmando que Martínez presentaba en su cuerpo un nivel de 0,41 millisieverts, unidad de medida de radiación. El elemento radiactivo era el cesio, un metal blando que se usa en herramientas de precisión para completar la terminación de los pozos petroleros.
En Añelo, que está muy cerca del yacimiento de Loma la Lata, ya en enero de 2007 se había realizado una pueblada para denunciar la situación por la que atravesaba Nora Apablaza, postrada por haber consumido agua contaminada. Su esposo, Leopoldo Araneda, denunció que cuando sacaba agua de la canilla de su casa, era notorio “el olor a querosén”. En la zona, las comunidades mapuches de Kaxipayiñ y Paynemil demandaron a Repsol por la suma de 440 millones de dólares. Todas las denuncias, en forma directa o indirecta, están pendientes de lo que resuelva la Corte Suprema respecto de la presentación hecha por Assupa, que puede ser la llave para avanzar hacia una sanción que podría sentar jurisprudencia en la materia. En otra causa penal, por la contaminación en la zona de Añelo, están imputados el titular de la firma Repsol, Antonio Brufau, y el ex CEO de YPF, Sebastián Eskenazi. Esta causa tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Neuquén

¿Se viene una Reforma al Código Minero?

Entendemos que si, que esta en gatera. No podemos romper con el lastre neo liberal sin sacarnos de encima ese código del saqueo menemista, parecido solamente al pacto Roca-Runciman de la década infame. La defensa de nuestros Recursos Naturales debe ser tanto por su apropiacion de forma directa como en Malvinas, como por su apropiacion indirecta por medio de habilidosas combinaciones comerciales y legales. Esperamos que el Nuevo Código Minero no se quede solo en hacer un mejor negocio para el Estado, sino que también tenga en cuenta los temas ambientales que son, en definitiva, el negocio de los pueblos. La defensa de nuestra soberanía no depende solo del Ministerio de Defensa.

G.K. 

El conflicto minero







 Por Darío Aranda - Pagina 12
Andalgalá, Santa María, Belén y Tinogasta (Catamarca). Y Amaicha del Valle (Tucumán). Lugares donde en los últimos cinco meses se repitieron represiones y detenciones sobre asambleas socioambientales que rechazan la megaminería. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) analizó la situación en todos los países de la región, con situaciones muy similares a las que se padecen en Catamarca, y resaltó puntos comunes para todo el continente: “Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los llamados ‘progresistas’”.
Minera Alumbrera, en Catamarca, es la explotación testigo de megaminería en Argentina. Es el yacimiento más grande (en explotación): hace 15 años extrae oro, cobre y molibdeno. Las asambleas catamarqueñas cortaron este verano los caminos hacia Alumbrera.
El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas en Santa María. Al día siguiente, hubo 18 detenidos y represión. El 8 de febrero fue destruido el acampe de Belén y detenidas veinte personas (entre ellas un chico de 13 años). El 10 de febrero, a las 3.45 de la noche, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle. El mismo día, a las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente en Tinogasta. El 13 de febrero allanaron las viviendas de ocho asambleístas de Andalgalá.
El 12 de febrero, y durante una semana, el ingreso a Andalgalá estuvo bloqueado para quienes criticaban la megaminería. Militantes del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) viajaron al lugar y no pudieron ingresar (lo mismo le sucedió a medios de comunicación y asambleístas). El Serpaj denunció a la “patota” de las empresas contratistas ligadas a la minería y a militantes del oficialismo provincial. Diez días se mantuvo el corte.
El 12 de mayo último, en Tinogasta, detuvieron y golpearon a asambleístas. “La criminalización en países de América latina ocurre con el objetivo de intimidar o acallar las voces y acciones de resistencia frente a proyectos extractivos”, denuncia el Ocmal en su último informe. Y explica que la criminalización se expresa con procesos judiciales, amenazas contra la vida, agresiones, militarización, represión y asesinatos.
El trabajo, del que también participó la ONG Acción Ecológica de Ecuador, realiza un recorrido de proyectos mineros y resistencias de Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador, Honduras, Perú y México, entre otros. Remarca que, a pesar de las diferencias o matices ideológicos de los presidentes, el modelo extractivo y la violencia se repiten en todos los países.
El informe, de 180 carillas, remarca que “las comunidades ven cómo las transnacionales gozan del apoyo explícito de los gobiernos bajo lemas poco convincentes y menos aún reales como el empleo, desarrollo y bienestar”. Y precisa que el modelo extractivo necesita controlar el territorio: “Es por eso que uno de los problemas más importantes lo constituye el desplazamiento de poblaciones completas”, recuerda y señala como primeros perjudicados (aunque no únicos) a pueblos indígenas, campesinos y pequeñas ciudades.
La situación particular de Argentina la aborda en el capítulo tres. “El considerado ‘granero del mundo’ está inscripto en la carrera por convertirse en un país minero por excelencia. Ha comenzado a despejar las barreras impuestas a la minería e invertir en proyectos mineros transnacionales”, caracteriza y precisa que, entre 2003 y 2007, aumentó un 740 por ciento la cantidad de proyectos mineros.
Resalta como hecho positivo el plebiscito de Esquel en 2003 (en rechazo a un proyecto minero), la sanción de la Ley de Glaciares y las acciones de la Unión de Asamblea Ciudadanas (UAC, espacio de encuentro de un centenar de asambleas de todo el país). Aunque el informe fue editado en noviembre de 2011, antes de las represiones de este año, Ocmal toma como referencia la situación en Catamarca: “Hay aproximadamente 40 personas judicializadas (de las asambleas), mientras que son cerca de 40 las denuncias presentadas por la represión y contra la minera Agua Rica que no tuvieron trámite. Números éstos que demuestran las intenciones de los poderes locales, convivientes con la empresa megaminera”.
El Observatorio proyecta para Argentina la posibilidad de que “se insista en la criminalización de la oposición a la minería en un escenario de esfuerzos por profundizar el modelo extractivo”.

martes, 22 de mayo de 2012

Situación de los Pueblos Fumigados en Argentina, 2012

Cumpas: Compartimos el siguiente informe de la Red de Medicos de Pueblos Fumigados. Tema importante hacia una profundizacion que necesariamente debe priorizar la salud de nuestro Pueblo.

El 11 de Junio de 2012 se realiza el primer Juicio a los Sojeros Fumigadores. A tener en cuenta este debate. La derrota de la 125 todavia late en el cuello de los patriotas peronistas. Los cuadros debemos formarnos entendiendo las nuevas condiciones de la dominacion.

 

 

 Situación de los Pueblos Fumigados Argentina, 2012

Opinión

Desde hace más de 10 años distintos grupos de vecinos vienen denunciando que el indiscriminado uso de agrotóxicos en sus territorios ocasiona enfermedades en sus familias, muchas de ellas muy graves. Ante esta situación, algunos miembros de equipos de salud de los pueblos fumigados se reunieron en la Facultad de Cs. Médicas de Córdoba (2010) y de Rosario (2011) y formaron esta Red para estudiar y recopilar datos sobre el impacto que la actual forma de producción agroindustrial ocasiona en nuestras comunidades; para difundir la información científica -que las empresas como Monsanto y los gobiernos nacionales y provinciales ocultan- sobre la toxicidad de glifosato, 2.4D, atrazina, endosulfán, clorpirifós, etc. Y también para acompañar al movimiento de las comunidades damnificadas en sus reclamos por derechos a la salud y a un ambiente sano.


El Modelo Productivo: uso creciente de agrotóxicos

La tonelada de soja que cotizaba a 160 u$s en 2001, en marzo de 2012 valía 500 u$s, el rendimiento promedio es de 3 a 4 tn/ha, los costos de producción son de 100-150 u$s/ha: la rentabilidad es descomunal. De un total de 300.000 productores rurales en todo el país, 80.000 se dedican a esta agricultura transgénica y química, de ellos 20.000 concentran el 70%  de la producción,  son básicamente  S.A. y pooles de siembra que lo hacen arrendando campos o intrusando territorios de pueblos originarios o de campesinos ancestrales. En los últimos diez años, la frontera agrícola se ha expandido casi en un 60%, avanzando sobre regiones destinadas a otras producciones, sobre territorios con agricultura familiares y masivamente sobre bosques.

                             
                                                                                           Mapa del cultivo de soja, 2005-2009 SAGyP



Impera una agricultura de monocultivos, una agricultura química, un modelo agroindustrial que utiliza un paquete tecnológico que incluye siembra directa, semillas transgénicas y aplicación agrotóxicos. En ese marco, y principalmente como consecuencia de la inviabilidad natural del monocultivo, con el fin de sostener la productividad se aplican cantidades cada vez mayores de agroquímicos en un territorio donde conviven con los cultivos transgénicos más de 12 millones de personas.  Hay que reconocer que los “productos” que utilizan son todos venenos: los herbicidas, como glifosato, 2.4D o atrazina, están destinados a matar plantas, y los orientados a matar insectos como endosulfán, clorpirifós, dimetoato, etc. tienen efectos deletéreos sobre la salud humana
La  utilización de estos agrotóxicos viene aumentando exponencialmente desde el año 1990: en ese momento se usaban 30 millones de litros de venenos, hoy (2012) se aplican más de 340 millones de litros. En la misma hectárea donde se usaban 2 ó 3 litros de glifosato, hoy se usan 8 ó 12 litros y se le agrega 1,5 litros de 2.4D por año, en zonas de Santiago del Estero y Chaco se usa hasta 20 litros/ha. de Round Up.
aumento de consumo de agroquímicos por año, en millones de litros / kilos
El gobierno estimula este tipo de producción, haciendo oídos sordos al reclamo de los pueblos fumigados de restringir inmediatamente las fumigaciones en zonas pobladas, prohibir las criminales fumigaciones aéreas y poner en discusión el sistema de producción agraria en la Argentina.


Situación de los pueblos fumigados

Después de 15 años de fumigaciones sistemáticas, los equipos de salud de los pueblos fumigados detectan un cambio en el patrón de enfermedades en sus poblaciones: los problemas respiratorios son mucho más frecuentes y vinculados a las aplicaciones, igual que las dermatitis crónicas; de la misma manera, los pacientes epilépticos convulsionan mucho más frecuentemente en época de fumigación, son más frecuentes la depresión y los trastornos inmunitarios.
Se registran altas tasas de abortos espontáneos (hasta del 19%) y aumentó notablemente las consultas por infertilidad en varones y mujeres. Los rebaños de cabras de los campesinos y originarios registran, en algunas zonas, hasta un 100% de abortos vinculados a la exposición con pesticidas. Se detecta también un aumento de trastornos tiroideos y de diabetes.
Cada vez nacen más niños con malformaciones en estas zonas, especialmente si los primeros meses del embarazo coinciden con la época de fumigaciones.  Síndromes de Down, mielomeningoceles, cardiopatías congénitas, etc. se diagnostican con frecuencia en estas áreas.


mielomeningocele operado en un recien nacido


occipitomielocele en un recien nacido




Los pueblos fumigados también presentan un cambio en sus causas de muerte. Según los datos de los registros civiles a los que hemos podido acceder, encontramos que más del 30% de las personas que mueren en estos pueblos fallecen por cáncer, mientras que en todo el país ese porcentaje es menor a 20%. La mortalidad por cáncer aumento claramente en estas áreas, siendo éste un fenómeno nuevo, detectado por nuestros colegas desde el año 2000 y no verificado antes. Curiosamente, la fecha coincide con la  expansión del consumo de glifosato y otros agroquímicos que son masivamente aplicados en la zona.
La agresión química afecta a todas las personas, pero sin duda que los pobres del campo, los peones, sus mujeres y niños, son los que tienen menos posibilidades de proteger y recuperar su salud. Además, desde el norte de Córdoba y Santa Fé, la mayor parte de los nuevos emprendimientos de agricultura química son concretados por S.A. y pooles de siembra; estos utilizan la vía aérea de fumigación de manera casi generalizada y las dosis de venenos son mucho más alta por las condiciones climáticas y biológicas de la región, las consecuencias las sufren principalmente los pueblos originarios y los campesinos ancestrales.

Las evidencias cientificas

Las manifestaciones clínicas que los médicos de pueblos fumigados observamos en nuestros pacientes encuentran su causalidad biológica en los resultados de investigaciones científicas en modelos experimentales con diversos plaguicidas, incluyendo glifosato. Así, por caso, investigaciones de nuestros científicos demuestran de qué manera el glifosato actúa en el desarrollo embrionario produciendo malformaciones (Carrasco 2010), y como este veneno genera daño a las moleculas de  ADN del nucleo celular, promoviendo líneas celulares mutantes que ocasionarán cáncer si no logran ser eliminadas por el individuo (Alassia 2011, Simoniello 2010).
ensayo cometa que revela el daño que genera el glifosato en moleculas de ADN


También, numerosas publicaciones científicas en todo el mundo demuestran cómo la exposición a agrotóxicos aumenta notablemente las tasas de malformaciones, abortos, cáncer y trastornos hormonales en las personas sometidas a fumigaciones reiteradas.
Incluso las Revisiones Sistemáticas de la Medicina Basada en la Evidencia sostienen la necesidad de disminuir esta exposición por contarse con evidencias suficientemente fuertes y consistentes para reconocer que la exposición a plaguicidas aumenta el riesgo de afectar la salud humana (Sanborn 2005 y 2007). (Ver en Informe 1º Encuentro: www.reduas.fcm.unc.edu.ar)


Negando la Realidad

A pesar de todas las denuncias hechas por los vecinos, la información  recopilada en los Encuentros de Médicos de las facultades de medicina de Córdoba (2010) y de Rosario (2011), y todos los datos científicos que demuestran la toxicidad de los pesticidas, el Gobierno sigue apostando a aumentar la producción agraria con el mismo modelo. Del sector empresario, académico y gubernamental, que defienden a la agricultura química, se sigue insistiendo que no hay pruebas suficientes…, nos recuerdan a Phillips Morris cuando afirmaba que no había pruebas de que el cigarrillo produjera cáncer de pulmón; ensayos controlados de toxicidad no son éticamente realizables en humanos, pero los datos epidemiológicos terminaron sepultando la coartada de las multinacionales del cigarrillo; como también demuestran hoy las toxicidad de los productos de Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer o Novartis.
No se aplica el Principio Precautorio de la Ley de Ambiente, no se trata el proyecto de ley nacional que penaliza aplicar estos venenos sobre las personas, se sigue promoviendo el aumento indiscriminado de su utilización y se sigue manifestando que el glifosato es tan inocuo como “agua con sal” o que se puede tomar un vaso lleno de round up sin peligro, como lo hizo el Ministro de Ciencia y Tecnología Lino Barañao. (ver: http://www.reduas.fcm.unc.edu.ar/el-glifosato-no-es-agua-con-sal/)

Predomina el negocio sobre el derecho a la salud, el oro sobre la conciencia y se aferran a las mentiras que impuso Monsanto cuando impulsó la producción transgénica. Incluso en los pueblos fumigados vemos cómo familias de productores muy afectadas por los químicos niegan esta relación, alucinados por la millonaria diferencia que alcanzan al final de la temporada.
el oro sobre la conciencia los dolares sobre la salud y el ambiente


Casi 2500 millones de u$s se gastan en agrotóxicos en Argentina; las empresas transnacionales proveen las semillas y los venenos, compran la producción, controlan nuestro comercio exterior y además especulan financieramente con el precio de los alimentos (estos son los que se quedan con la mayor parte de la renta). Y como si fuera poco, enferman a nuestra población rural y destruyen su ambiente con la complicidad de los gobiernos provinciales y el nacional.


Para restringir mínimamente esta catástrofe sanitaria nos piden más pruebas. ¿Cuánto sufrimiento, dolor y muertes tendremos que mostrar para que reconozcan la necesidad de limitar las fumigaciones?
¿Qué reclamamos?

•    Prohibición de las fumigaciones aéreas, tal como se ha hecho en la Unión Europea.
•    Restricción del área de fumigaciones terrestres, alejándolas de las zonas pobladas.
•    Reclasificación de los agrotóxicos utilizados en nuestro país, considerando sus efectos agudos, de mediano y largo plazo en los seres humanos.
•    Aplicación del Principio Precautorio establecido en la Ley General del Ambiente Nº 25.675, Art4º.
•    Creación de una dependencia de Salud y Ambiente encargada de autorizar o rechazar el uso de cada pesticida en particular, en reemplazo del actual ente regulador (SENASA) en el que sólo participan el área de agricultura del estado, los productores representada en la Mesa de Enlace  y las Cámaras productoras de plaguicidas, prevaleciendo así las necesidades productivas y comerciales por sobre la salud de nuestras comunidades.


Los vecinos, los ciudadanos, ¿qué podemos hacer?

Ante esta situación, el papel de los miembros de los equipos de salud, los vecinos, las comunidades y la sociedad en general es fundamental.  Resulta imprescindible que cada uno de nosotros en nuestro barrio, nuestro pueblo o ciudad nos organicemos para reclamar por el derecho a la vida,  a la salud y a un ambiente sano.
Ayúdanos a recoger información sobre el impacto en la salud de los agrotóxicos:
•    Recoger testimonios, en los que se reconstruyan situaciones de vulneración de derechos en historias de vida reales constantes y sonantes para denunciar el actual atropello por parte del agronegocio y sus socios políticos y sociales.
•    Hacer mapas o croquis de las poblaciones con los campos de transgénicos, los acopios y depósitos de venenos, ubicando los domicilios de los vecinos enfermos de cáncer, malformaciones, hipotiroidismo, púrpuras, lupus y diabetes. Esto grafica crudamente en una imagen lo que decimos en muchas palabras.
georeferenciación de casos en Barrio Ituzaingo de Córdoba, año 2005, a la derecha del barrio estaban los campos de soja


•    Hablar con los médicos de tu pueblo o barrio e invítalos a informarse y contactarse con esta Red.
•    Organizar actividades de divulgación y debate del problema en tu localidad.  Es preciso poner en la esfera pública este conflicto; miembros de esta Red pueden participar aportando sus conocimientos técnicos sanitarios del tema.
•    Generar grupos colectivos de “Paren de Fumigar” en cada pueblo que promuevan la generación de ordenanzas y normas locales que restrinjan las fumigaciones generando reparos ambientales de 800 o 1000 metros a partir del ejido o limite urbano de los pueblos; que impida la circulación de los mosquitos cargados de venenos por las calles, que retire los acopios de granos de los centros urbanos y también de los depósitos de agrotóxicos. Y que coordinen con grupos similares de tu provincia y el país.
•    Ayúdanos a difundir la información que recogemos en los medios de comunicación de tu zona.
Es la hora de participar, involucrarnos y ejercer una ciudadanía plena en la defensa de nuestros derechos.