MONSANTO Y EL GOLPE DE ESTADO EN PARAGUAY

Monsanto golpea en Paraguay: Los muertos de Curuguaty y el juicio político a Lugo. por Idilio Méndez Grimaldi 
 
Quienes están detrás de esta trama tan siniestra? Los propulsores de una ideología que promueven el máximo beneficio económico a cualquier precio y cuanto más, mejor, ahora y en el futuro.

El viernes 15 de junio de 2012, un grupo de policías que iba a cumplir una orden de desalojo en el departamento de Canindeyú en la frontera con Brasil, fue emboscado por francotiradores, mezclados con campesinos que reclamaban tierras para sobrevivir. La orden fue dada por un juez y una fiscala para proteger a un latifundista. Como resultado se tuvo 17 muertos; 6 policías y 11 campesinos y decenas de heridos graves. Las consecuencias: El laxo y timorato gobierno de Fernando Lugo quedó con debilidad ascendente y extrema, cada vez más derechizado, a punto de ser llevado a juicio político por un Congreso dominado por la derecha; duro revés a la izquierda, a las organizaciones sociales y campesinas, acusadas por la oligarquía terrateniente de instigar a los campesinos; avance del agronegocio extractivista de manos de las transnacionales como Monsanto, mediante la persecución a los campesinos y el arrebato de sus tierras y, finalmente, la instalación de una cómoda platea para la los oligarcas y los partidos de derecha para su retorno triunfal en las elecciones de 2013 al Poder Ejecutivo.

El 21 de octubre de 2011, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dirigido por el liberal Enzo Cardozo, liberó ilegalmente la semilla de algodón transgénico Bollgard BT de la compañía norteamericana de biotecnología Monsanto, para su siembra comercial en Paraguay. Las protestas campesinas y de organizaciones ambientalistas no se dejaron esperar. El gen de este algodón está mezclado con el gen del Bacillus Thurigensis, una bacteria tóxica que mata a algunas plagas del algodón, como las larvas del picudo, un coleóptero que oviposita en el capullo del textil. El Servicio de Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, otra institución del Estado paraguayo, dirigido por Miguel Lovera, no inscribió dicha semilla transgénica en los registros de cultivares, por carecer de los dictámenes del Ministerio de Salud y de la Secretaría del Ambiente, tal como exige la legislación.

Campaña mediática
Durante los meses posteriores, Monsanto, a través de la Unión de Gremios de Producción, UGP, estrechamente ligada al Grupo Zuccolillo, que publica el diario ABC Color, arremetió contra SENAVE y su presidente por no inscribir la semilla transgénica de Monsanto para su uso comercial en todo el país.
La cuenta regresiva decisiva pareció haberse dado con una nueva denuncia por parte de una seudosindicalista del SENAVE, de nombre Silvia Martínez, quien acusó el 7 de junio pasado a Lovera de corrupción y nepotismo en la institución que dirige, a través de ABC Color. Martínez es esposa de Roberto Cáceres, representante técnico de varias empresas agrícolas, entre ellas Agrosán, recientemente adquirida por 120 millones de dólares por Syngenta, otra transnacional, todas socias de la UGP.
Al día siguiente, viernes 8 de junio, la UGP publica en ABC a seis columnas: “Los 12 argumentos para destituir a Lovera” (1). Estos presuntos argumentos fueron presentados al vicepresidente de la República, correligionario del ministro de Agricultura, el liberal Federico Franco, quien en ese momento se desempeñaba como presidente de Paraguay en ausencia de Lugo, de viaje por Asia.
El viernes 15 del corriente mes, en ocasión a una exposición anual organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el ministro Enzo Cardozo dejo escapar un comentario ante la prensa que un supuesto grupo de inversores de la India, del sector de los agroquímicos, canceló un proyecto de inversión en Paraguay por la presunta corrupción en SENAVE. Nunca aclaro de qué grupo se trataba. En esas horas de aquel día se registraban los trágicos sucesos de Curuguaty.
En el marco de esta exposición preparada por el citado ministerio, la transnacional Monsanto presentó otra variedad de algodón, doblemente transgénico: BT y RR o Resistente al Roundup, un herbicida fabricado y patentado por Monsanto. La pretensión de la transnacional norteamericana es la inscripción en Paraguay de esta semilla transgénica, tal como ya ocurrió en la Argentina y otros países del mundo.
Previamente a estos hechos, el diario ABC Color denunció sistemáticamente por presuntos hechos de corrupción a la ministra de Salud, Esperanza Martínez y al ministro del Ambiente, Oscar Rivas, dos funcionarios que no dieron su dictamen favorable a Monsanto.
Monsanto facturó el año pasado 30 millones de dólares, libre de impuestos, (porque no declara esta parte de su renta) solamente en concepto de royalties por el uso de semillas transgénicas de soja en Paraguay. Independiente, Monsanto factura por la venta de las semillas transgénicas. Toda la soja cultivada es transgénica en una extensión cercana a los tres millones de hectáreas, con una producción en torno a los 7 millones de toneladas en el 2010.
Por otro lado, en la Cámara de Diputados ya se aprobó en general el proyecto de Ley de Bioseguridad, que contempla crear una dirección de bioseguridad a cargo del Ministerio de Agricultura, con amplia potestad para la aprobación para su cultivo comercial de todas las semillas transgénicas, ya sean de soja, maíz, arroz, algodón y algunas hortalizas. Este proyecto de ley contempla la eliminación de la Comisión de Bioseguridad actual, que es un ente colegiado de funcionarios técnicos del Estado paraguayo.
En tanto transcurrían todos estos acontecimientos, la UGP viene preparando un acto de protesta nacional contra el gobierno de Fernando Lugo para el 25 de junio próximo. Se trata de una manifestación con maquinarias agrícolas, cerrando medias calzadas de las rutas en distintos puntos del país. Una de las reivindicaciones del denominado “tractorazo” es la destitución de Miguel Lovera del SENAVE, así como la liberalización de todas las semillas transgénicas para su cultivo comercial.
Las conexiones
La UGP está dirigida por Héctor Cristaldo, apoyado por otros apóstoles como Ramón Sánchez - quien tiene negocios con el sector de los agroquímicos - entre otros agentes de las transnacionales del agronegocio. Cristaldo integra el staff de varias empresas del Grupo Zuccolillo, cuyo principal accionista es Aldo Zuccolillo, director propietario del diario ABC Color desde su fundación bajo el régimen de Stroessner, en 1967. Zuccolillo es dirigente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. El Grupo Zuccolillo es socio principal en Paraguay de Cargill, una de las transnacionales más grandes del agronegocio en el mundo. La sociedad construyó uno de los puertos graneleros más importante del Paraguay, denominado Puerto Unión, a 500 metros de la toma de agua de la empresa aguatera del Estado paraguayo, sobre el Río Paraguay, sin ninguna restricción.
Las transnacionales del agronegocio en Paraguay prácticamente no pagan impuestos, mediante la férrea protección que tienen en el Congreso, dominado por la derecha. La presión tributaria en Paraguay es apenas del 13% sobre el PIB. El 60 % del impuesto recaudado por el Estado paraguayo es el Impuesto al Valor Agregado, IVA. Los latifundistas no pagan impuestos. El impuesto Inmobiliario representa apenas el 0,04% de la presión tributaria, unos 5 millones de dólares, según un estudio del Banco Mundial (2) aún cuando el agronegocio produce rentas en torno al 30 % del PIB, que representan unos 6.000 millones de dólares anuales. Paraguay es uno de los países más desiguales del mundo. El 85 por ciento de las tierras, unas 30 millones de hectáreas, está en manos del 2 por ciento de propietarios (3) que se dedican a la producción meramente extractivista o en el peor de los casos a la especulación sobre la tierra.
La mayoría de estos oligarcas poseen mansiones en Punta del Este o Miami y tienen estrechas relaciones con las transnacionales del sector financiero, que guardan sus bienes mal habidos en los paraísos fiscales o le facilitan inversiones en el extranjero. Todos ellos, de alguna u otra manera, están ligados al agronegocio y dominan el espectro político nacional, con amplias influencias en los tres poderes del Estado. Allí reina la UGP, apoyada por las transnacionales del sector financiero y del agronegocio.
Los hechos de Curuguaty
Curuguaty es una ciudad ubicada al este de la Región Oriental del Paraguay, a unos 200 km de Asunción, capital del Paraguay. A unos kilómetros de Curuguaty se halla la estancia Morombí, propiedad del terrateniente Blas Riquelme, con más de 70 mil hectáreas en ese lugar. Riquelme proviene de la entraña de la dictadura de Stroessner (1954-1989) bajo cuyo régimen amasó una inmensa fortuna, aliado al general Andrés Rodríguez, quien ejecutó el golpe de Estado que derrocó al dictador Stroessner. Riquelme, que fue presidente del Partido Colorado por muchos años y senador de la República, dueño de varios supermercados y establecimientos ganaderos, se apropió mediante subterfugios legales de unas 2.000 hectáreas, aproximadamente, que pertenecen al Estado paraguayo.
Esta parcela fue ocupada por los campesinos sin tierras que venían solicitando al gobierno de Fernando Lugo su distribución. Un juez y una fiscala ordenaron el desalojo de los campesinos, a través del Grupo Especial de Operaciones, GEO, de la Policía Nacional, cuyos miembros de élite en su mayoría fueron entrenados en Colombia, bajo el gobierno de Uribe, para la lucha contrainsurgente.
Sólo un sabotaje interno dentro de los cuadros de inteligencia de la Policía, con la complicidad de la Fiscalía, explica la emboscada, en la cual murieron 6 policías. No se comprende cómo policías altamente entrenados, en el marco del Plan Colombia, pudieron caer fácilmente en una supuesta trampa tendida por campesinos, como quiere hacer creer la prensa dominada por los oligarcas. Sus camaradas reaccionaron y acribillaron a los campesinos, matando a 11, quedando unos 50 heridos. Entre los policías muertos estaba el jefe del GEO, comisario Erven Lovera, hermano del teniente coronel Alcides Lovera, jefe de seguridad del presidente Lugo.
El plan consiste en criminalizar, llevar hasta el odio extremo, a todas las organizaciones campesinas, para empujar a los campesinos a abandonar el campo para el uso exclusivo del agronegocio. Es un proceso lento, doloroso, de descampesinización del campo paraguayo, que atenta directamente contra la soberanía alimentaria, la cultura alimentaria del pueblo paraguayo, por ser los campesinos productores y recreadores ancestrales de toda la cultura guaraní.
Tanto la Fiscalía o Ministerio Público, como el Poder Judicial y la Policía Nacional, así como diversos organismos del Estado paraguayo, están controlados mediante convenios de cooperación por USAID, la agencia de cooperación de los Estados Unidos.
El asesinato del hermano del jefe de seguridad del presidente de la República obviamente es un mensaje directo a Fernando Lugo, cuya cabeza sería el próximo objetivo, probablemente a través de un juicio político, quien derechizó más su gobierno tratando de calmar a los oligarcas. Lo ocurrido en Curuguaty tumbó a Carlos Filizzola del Ministerio del Interior y fue nombrado en su reemplazo a Rubén Candia Amarilla, proveniente del opositor Partido Colorado, al cual Lugo lo derrotó en las urnas en el 2008, luego de 60 años de dictadura colorada, incluyendo la tiranía de Alfredo Stroessner.
Candia fue ministro de Justicia del gobierno colorado de Nicanor Duarte (2003-2008) y se desempeñó como fiscal general del Estado por un periodo, hasta el año pasado, cuando fue reemplazado por otro colorado, Javier Díaz Verón, a instancia del propio Lugo. Candia es acusado de haber promovido la represión a dirigentes de organizaciones campesinas y de movimientos populares. Su nominación a Fiscal General del Estado en el 2005 fue aprobado por el entonces embajador de los Estados Unidos, Jhon F. Keen. Candia fue responsable de un mayor control por parte de USAID del Ministerio Público y fue acusado en los inicios de su gobierno por Fernando Lugo de conspirar en su contra para quitarlo del gobierno. Tras asumir como el ministro político de Lugo, lo primero que anunció Candia fue la eliminación del protocolo de diálogo con los campesinos que invaden propiedades. El mensaje es que no habrá conversación, sino simplemente la aplicación de la ley, lo que significa emplear la fuerza policial represiva sin contemplación.
Dos días después de asumir Candia Amarilla, los miembros de la UGP, encabezado por Héctor Cristaldo, ya visitaron al flamante ministro del Interior, a quien solicitaron garantías para la realización del denominado tractorazo. Sin embargo, Cristaldo dijo que la medida de fuerza puede ser suspendida en caso de nuevas señales favorables para la UGP (léase liberación de las semillas transgénicas de Monsanto, destitución de Lovera y otros ministros, entre otras ventajas para el gran capital y los oligarcas) derechizando aun más el gobierno.
Cristaldo es precandidato a diputado para las elecciones de 2013 por un movimiento interno del Partido Colorado, liderado por Horacio Cartes, un empresario investigado en el pasado reciente por Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico, según el propio diario ABC Color, que se hizo eco de varios cables del Departamento de Estado de USA, publicado por WikiLeaks, entre ellos uno que aludía directamente a Cartes, el 15 de noviembre de 2011.

Juicio político a Lugo
En las últimas horas, mientras se redactaba esta crónica, la UGP, (4) algunos integrantes del Partido Colorado y los propios integrantes del Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, dirigido por el senador Blas Llano y aliado del gobierno, amenazan con un juicio político Fernando Lugo para destituirlo como presidente de la República del Paraguay.
Lugo depende del humor de los colorados para seguir como presidente de la República, así como de sus aliados liberales, que ahora lo amenazan con juicio político, con seguridad buscando más espacios de poder (dinero) como prenda de paz. El Partido Colorado, aliado a otros partidos minoritarios de la oposición, tiene la mayoría necesaria como para destituir al presidente de sus funciones.
Quizás se esperan “las señales favorables” de Lugo que la UGP - en nombre de la Monsanto, la patria financiera y los oligarcas - está exigiendo al gobierno. Caso contrario, se estaría pasando a una siguiente fase de los planes de copamiento de este gobierno que nació como progresista y lentamente va terminando como conservador, controlado por los poderes fácticos.
Entre algunos de sus haberes, Lugo es responsable de la aprobación de la Ley Antiterrorista, propiciada por Estados Unidos en todo el mundo después del 11 S. Autorizó en 2010 la implementación de la Iniciativa Zona Norte, consistente en la instalación y despliegue de tropas y civiles norteamericanos en el norte de la Región Oriental - en las narices del Brasil - supuestamente para desarrollar actividades a favor de las comunidades campesinas.
El Frente Guazú, coalición de las izquierdas que apoya a Lugo, no logra unificar su discurso, y sus integrantes pierden la perspectiva en el análisis del poder real, cayendo en los juegos electoralistas inmediatistas. Infiltrados por USAID, muchos integrantes del Frente Guazú que participan en la administración del Estado, sucumben ante los cantos de sirena del consumismo galopante del neoliberalismo. Se corrompen hasta los tuétanos y en la práctica se convierten en émulos vanidosos de engreídos ricos que integraban los recientes gobiernos del derechista Partido Colorado.

Curuguaty también engloba un mensaje para la región, especialmente para Brasil, en cuya frontera se producen estos hechos sangrientos, claramente dirigidos por los amos de la guerra, cuyos teatros de operaciones se pueden observar en Irak, Libia, Afganistán y ahora Siria. Brasil está construyendo hegemonía mundial junto a Rusia, India y China, denominado BRIC. Sin embargo, Estados Unidos no ceja en su poder de persuasión al gigante de Sudamérica. Ya está en marcha el nuevo eje comercial integrado por México, Panamá, Colombia, Perú y Chile. Es un muro de contención a los deseos expansionistas del Brasil hacia el Pacífico.

Mientras, Washington sigue con su ofensiva diplomática en Brasilia, tratando de convencer al gobierno de Dilma Rousseff a estrechar vínculos comerciales, tecnológicos y militares. Entre tanto, la IV Flota de los Estados Unidos, reactivada hace unos años después de estar fuera de servicio apenas culminó la Segunda Guerra Mundial, vigila todo el Atlántico Sur, en carácter de otro cerco al Brasil por si no comprendiese la persuasión diplomática.

Y Paraguay es un país en disputa entre ambos países hegemónicos, dominado aun ampliamente por USA. Por eso lo de Curuguaty es también una pequeña señal para Brasil, en el sentido que el Paraguay puede convertirse en un polvorín que quebrantará el desarrollo del suroeste del Brasil.

Pero por sobre todo, los muertos de Curuguaty es una señal del capital, del gran capital, del extractivismo expoliador, que asuela el Planeta y aplasta la vida en todos los rincones de la Tierra en nombre de la civilización y el desarrollo. Por fortuna, los pueblos del mundo también van dando respuestas a estas señales de la muerte, con señales de resistencia, con señales de dignidad y de respeto a todas formas de vida en el Planeta.

Pasivos Ambientales

Ahí va una nota de Pagina 12 especificando la contaminación ambiental de Repsol. Los pasivos ambientales deberían tenerse en cuenta en la cuentas nacionales. La ecología es cada vez mas una cuestión económica.

Huellas de la contaminación petrolera

En la localidad de Añelo, a cien kilómetros de la ciudad de Neuquén, la Policía Federal y la Corte Suprema certificaron que los habitantes del lugar “presentan medidas alarmantes de mercurio, cromo y plomo en sangre”.

Por Carlos Rodríguez - Pagina 12

Desde Neuquén

Desde que YPF pasó a manos privadas y hasta hoy, se presentaron decenas de denuncias civiles y penales por contaminación ambiental producida por derrames de petróleo en Neuquén y Río Negro. En una de las causas, que llegó a la Corte Suprema de Justicia, se afirma que Repsol y otras empresas extranjeras deberían pagar por daños ambientales una suma que se estima en el orden de los cinco mil millones de dólares. El caso fue presentado en 2006 por la Asociación de Superficiarios de Petróleo de la Patagonia (Assupa), demanda a la que se sumaron, como querellantes, unos 200 pobladores de la Comunidad Mapuche de Añelo, ubicada a cien kilómetros de la ciudad de Neuquén. Una de las demandantes, Cristina Cherqui, de 55 años, falleció el 16 de abril de este año. Años atrás le detectaron plomo y otros metales pesados en la sangre. Además de Repsol, las demandas alcanzan también a las empresas Pan American, Chevron, Total Austral y Medanito. En total son 18 las implicadas en las denuncias.

La presentación de Assupa, a la que tuvo acceso Página/12, centraliza las denuncias por la contaminación sufrida en las cuencas de los ríos Negro y Colorado. Lo que se solicita es que las empresas sean condenadas a tomar “todas las medidas necesarias para la desaparición de los agentes contaminantes del medio ambiente y para la recomposición de los daños colectivos ambientales causados” por la actividad petrolera. En lo que respecta a la situación en el llamado “Desierto de Añelo”, la División Delitos Ambientales de la Policía Federal y el Laboratorio de Toxicología y Química Legal de la Corte Suprema determinaron que los cuatro mil habitantes del lugar “presentan medidas alarmantes de mercurio, cromo y plomo en sangre”, mientras que el agua del lago de la región “está contaminada 500 veces más de lo permitido para uso recreativo”.

Assupa sostuvo en uno de sus informes que “el problema es mucho más grave porque además de la contaminación en el terreno, hay que sumar la contaminación en los lagos Los Barreales y Marimenuco, de donde sale el agua supuestamente potable que abastece a la ciudad de Neuquén” y otras zonas pobladas de la provincia. Los estudios de los expertos se hicieron sobre las napas freáticas y sobre las aguas de superficie.

Luis Arellano, apoderado legal de Assupa, le dijo a este diario que “los niveles de hidrocarburos en el agua que toma la gente son alarmantes” y precisó que en la zona de Loma La Lata, una de las de mayor producción de petróleo en el país, “la presencia de hidrocarburos en el agua llega a los 150 microgramos por litro”.

Las penas por envenenamiento con residuos tóxicos tienen una escala ascendente que va de los tres a los 25 años de prisión, según la gravedad del hecho. Las sanciones más altas son para los casos en que se hayan producido muertes comprobables y compatibles con problemas derivados de la contaminación ambiental. El caso de Cristina Cherqui llegó en estos días a la Cámara de Diputados de la Nación, donde algunos legisladores solicitaron que se pida al Poder Ejecutivo Nacional que presente un informe retrospectivo sobre las medidas, sanciones y condenas que se hayan tomado o que se puedan llegar a tomar en el futuro, a partir de la expropiación de la empresa, en contra de las empresas Repsol YPF, Pan American, Chevron, Total Austral y Medanito, entre otras petroleras que operan o han operado en la zona. La advertencia es, además, para que en el futuro se tomen los recaudos necesarios para que no se repita la misma situación.

En Rincón de los Sauces también hay denuncias contra Repsol. Una de las primeras se produjo en mayo de 1997, a partir del derrame de unos diez mil litros de combustible en el yacimiento Lomitas Sur, que forma parte de la zona Chihuidos-Lomitas. El accidente ocurrió en la Batería 15, ubicada unos 30 kilómetros al oeste de Rincón y a diez kilómetros del cauce del Río Colorado. En esa Batería se encontraban en plena producción 20 pozos, con una extracción diaria de 700 metros cúbicos por día. En ese momento, Lidia Anaya, que integraba la Comisión de Madres de Rincón de los Sauces, denunció que las empresas petroleras y las autoridades locales y nacionales estaban “tratando de minimizar el problema”.

En agosto de 2011 otra denuncia conmocionó a Rincón. Raúl Martínez, ex operario de la firma Baker Hughes, denunció ser víctima de contaminación radiactiva. El Global Dosimetry Solution de Canadá envió a la Baker en Argentina un informe confirmando que Martínez presentaba en su cuerpo un nivel de 0,41 millisieverts, unidad de medida de radiación. El elemento radiactivo era el cesio, un metal blando que se usa en herramientas de precisión para completar la terminación de los pozos petroleros.

En Añelo, que está muy cerca del yacimiento de Loma la Lata, ya en enero de 2007 se había realizado una pueblada para denunciar la situación por la que atravesaba Nora Apablaza, postrada por haber consumido agua contaminada. Su esposo, Leopoldo Araneda, denunció que cuando sacaba agua de la canilla de su casa, era notorio “el olor a querosén”. En la zona, las comunidades mapuches de Kaxipayiñ y Paynemil demandaron a Repsol por la suma de 440 millones de dólares. Todas las denuncias, en forma directa o indirecta, están pendientes de lo que resuelva la Corte Suprema respecto de la presentación hecha por Assupa, que puede ser la llave para avanzar hacia una sanción que podría sentar jurisprudencia en la materia. En otra causa penal, por la contaminación en la zona de Añelo, están imputados el titular de la firma Repsol, Antonio Brufau, y el ex CEO de YPF, Sebastián Eskenazi. Esta causa tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Neuquén

¿Se viene una Reforma al Código Minero?

Entendemos que si, que esta en gatera. No podemos romper con el lastre neo liberal sin sacarnos de encima ese código del saqueo menemista, parecido solamente al pacto Roca-Runciman de la década infame. La defensa de nuestros Recursos Naturales debe ser tanto por su apropiacion de forma directa como en Malvinas, como por su apropiacion indirecta por medio de habilidosas combinaciones comerciales y legales. Esperamos que el Nuevo Código Minero no se quede solo en hacer un mejor negocio para el Estado, sino que también tenga en cuenta los temas ambientales que son, en definitiva, el negocio de los pueblos. La defensa de nuestra soberanía no depende solo del Ministerio de Defensa.

G.K. 

El conflicto minero

 Por Darío Aranda - Pagina 12

Andalgalá, Santa María, Belén y Tinogasta (Catamarca). Y Amaicha del Valle (Tucumán). Lugares donde en los últimos cinco meses se repitieron represiones y detenciones sobre asambleas socioambientales que rechazan la megaminería. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) analizó la situación en todos los países de la región, con situaciones muy similares a las que se padecen en Catamarca, y resaltó puntos comunes para todo el continente: “Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los llamados ‘progresistas’”.

Minera Alumbrera, en Catamarca, es la explotación testigo de megaminería en Argentina. Es el yacimiento más grande (en explotación): hace 15 años extrae oro, cobre y molibdeno. Las asambleas catamarqueñas cortaron este verano los caminos hacia Alumbrera.

El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas en Santa María. Al día siguiente, hubo 18 detenidos y represión. El 8 de febrero fue destruido el acampe de Belén y detenidas veinte personas (entre ellas un chico de 13 años). El 10 de febrero, a las 3.45 de la noche, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle. El mismo día, a las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente en Tinogasta. El 13 de febrero allanaron las viviendas de ocho asambleístas de Andalgalá.

El 12 de febrero, y durante una semana, el ingreso a Andalgalá estuvo bloqueado para quienes criticaban la megaminería. Militantes del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) viajaron al lugar y no pudieron ingresar (lo mismo le sucedió a medios de comunicación y asambleístas). El Serpaj denunció a la “patota” de las empresas contratistas ligadas a la minería y a militantes del oficialismo provincial. Diez días se mantuvo el corte.

El 12 de mayo último, en Tinogasta, detuvieron y golpearon a asambleístas. “La criminalización en países de América latina ocurre con el objetivo de intimidar o acallar las voces y acciones de resistencia frente a proyectos extractivos”, denuncia el Ocmal en su último informe. Y explica que la criminalización se expresa con procesos judiciales, amenazas contra la vida, agresiones, militarización, represión y asesinatos.

El trabajo, del que también participó la ONG Acción Ecológica de Ecuador, realiza un recorrido de proyectos mineros y resistencias de Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador, Honduras, Perú y México, entre otros. Remarca que, a pesar de las diferencias o matices ideológicos de los presidentes, el modelo extractivo y la violencia se repiten en todos los países.

El informe, de 180 carillas, remarca que “las comunidades ven cómo las transnacionales gozan del apoyo explícito de los gobiernos bajo lemas poco convincentes y menos aún reales como el empleo, desarrollo y bienestar”. Y precisa que el modelo extractivo necesita controlar el territorio: “Es por eso que uno de los problemas más importantes lo constituye el desplazamiento de poblaciones completas”, recuerda y señala como primeros perjudicados (aunque no únicos) a pueblos indígenas, campesinos y pequeñas ciudades.

La situación particular de Argentina la aborda en el capítulo tres. “El considerado ‘granero del mundo’ está inscripto en la carrera por convertirse en un país minero por excelencia. Ha comenzado a despejar las barreras impuestas a la minería e invertir en proyectos mineros transnacionales”, caracteriza y precisa que, entre 2003 y 2007, aumentó un 740 por ciento la cantidad de proyectos mineros.

Resalta como hecho positivo el plebiscito de Esquel en 2003 (en rechazo a un proyecto minero), la sanción de la Ley de Glaciares y las acciones de la Unión de Asamblea Ciudadanas (UAC, espacio de encuentro de un centenar de asambleas de todo el país). Aunque el informe fue editado en noviembre de 2011, antes de las represiones de este año, Ocmal toma como referencia la situación en Catamarca: “Hay aproximadamente 40 personas judicializadas (de las asambleas), mientras que son cerca de 40 las denuncias presentadas por la represión y contra la minera Agua Rica que no tuvieron trámite. Números éstos que demuestran las intenciones de los poderes locales, convivientes con la empresa megaminera”.

El Observatorio proyecta para Argentina la posibilidad de que “se insista en la criminalización de la oposición a la minería en un escenario de esfuerzos por profundizar el modelo extractivo”.

Situación de los Pueblos Fumigados en Argentina, 2012

Cumpas: Compartimos el siguiente informe de la Red de Medicos de Pueblos Fumigados. Tema importante hacia una profundizacion que necesariamente debe priorizar la salud de nuestro Pueblo.

El 11 de Junio de 2012 se realiza el primer Juicio a los Sojeros Fumigadores. A tener en cuenta este debate. La derrota de la 125 todavia late en el cuello de los patriotas peronistas. Los cuadros debemos formarnos entendiendo las nuevas condiciones de la dominacion.

 

 

 Situación de los Pueblos Fumigados Argentina, 2012

8 abril, 2012

Opinión

Desde hace más de 10 años distintos grupos de vecinos vienen denunciando que el indiscriminado uso de agrotóxicos en sus territorios ocasiona enfermedades en sus familias, muchas de ellas muy graves. Ante esta situación, algunos miembros de equipos de salud de los pueblos fumigados se reunieron en la Facultad de Cs. Médicas de Córdoba (2010) y de Rosario (2011) y formaron esta Red para estudiar y recopilar datos sobre el impacto que la actual forma de producción agroindustrial ocasiona en nuestras comunidades; para difundir la información científica -que las empresas como Monsanto y los gobiernos nacionales y provinciales ocultan- sobre la toxicidad de glifosato, 2.4D, atrazina, endosulfán, clorpirifós, etc. Y también para acompañar al movimiento de las comunidades damnificadas en sus reclamos por derechos a la salud y a un ambiente sano.

El Modelo Productivo: uso creciente de agrotóxicos

La tonelada de soja que cotizaba a 160 u$s en 2001, en marzo de 2012 valía 500 u$s, el rendimiento promedio es de 3 a 4 tn/ha, los costos de producción son de 100-150 u$s/ha: la rentabilidad es descomunal. De un total de 300.000 productores rurales en todo el país, 80.000 se dedican a esta agricultura transgénica y química, de ellos 20.000 concentran el 70%  de la producción,  son básicamente  S.A. y pooles de siembra que lo hacen arrendando campos o intrusando territorios de pueblos originarios o de campesinos ancestrales. En los últimos diez años, la frontera agrícola se ha expandido casi en un 60%, avanzando sobre regiones destinadas a otras producciones, sobre territorios con agricultura familiares y masivamente sobre bosques.

                             
                                                                                           Mapa del cultivo de soja, 2005-2009 SAGyP



Impera una agricultura de monocultivos, una agricultura química, un modelo agroindustrial que utiliza un paquete tecnológico que incluye siembra directa, semillas transgénicas y aplicación agrotóxicos. En ese marco, y principalmente como consecuencia de la inviabilidad natural del monocultivo, con el fin de sostener la productividad se aplican cantidades cada vez mayores de agroquímicos en un territorio donde conviven con los cultivos transgénicos más de 12 millones de personas.  Hay que reconocer que los “productos” que utilizan son todos venenos: los herbicidas, como glifosato, 2.4D o atrazina, están destinados a matar plantas, y los orientados a matar insectos como endosulfán, clorpirifós, dimetoato, etc. tienen efectos deletéreos sobre la salud humana
La  utilización de estos agrotóxicos viene aumentando exponencialmente desde el año 1990: en ese momento se usaban 30 millones de litros de venenos, hoy (2012) se aplican más de 340 millones de litros. En la misma hectárea donde se usaban 2 ó 3 litros de glifosato, hoy se usan 8 ó 12 litros y se le agrega 1,5 litros de 2.4D por año, en zonas de Santiago del Estero y Chaco se usa hasta 20 litros/ha. de Round Up.

aumento de consumo de agroquímicos por año, en millones de litros / kilos

El gobierno estimula este tipo de producción, haciendo oídos sordos al reclamo de los pueblos fumigados de restringir inmediatamente las fumigaciones en zonas pobladas, prohibir las criminales fumigaciones aéreas y poner en discusión el sistema de producción agraria en la Argentina.

Situación de los pueblos fumigados

Después de 15 años de fumigaciones sistemáticas, los equipos de salud de los pueblos fumigados detectan un cambio en el patrón de enfermedades en sus poblaciones: los problemas respiratorios son mucho más frecuentes y vinculados a las aplicaciones, igual que las dermatitis crónicas; de la misma manera, los pacientes epilépticos convulsionan mucho más frecuentemente en época de fumigación, son más frecuentes la depresión y los trastornos inmunitarios.
Se registran altas tasas de abortos espontáneos (hasta del 19%) y aumentó notablemente las consultas por infertilidad en varones y mujeres. Los rebaños de cabras de los campesinos y originarios registran, en algunas zonas, hasta un 100% de abortos vinculados a la exposición con pesticidas. Se detecta también un aumento de trastornos tiroideos y de diabetes.
Cada vez nacen más niños con malformaciones en estas zonas, especialmente si los primeros meses del embarazo coinciden con la época de fumigaciones.  Síndromes de Down, mielomeningoceles, cardiopatías congénitas, etc. se diagnostican con frecuencia en estas áreas.

mielomeningocele operado en un recien nacido

occipitomielocele en un recien nacido

Los pueblos fumigados también presentan un cambio en sus causas de muerte. Según los datos de los registros civiles a los que hemos podido acceder, encontramos que más del 30% de las personas que mueren en estos pueblos fallecen por cáncer, mientras que en todo el país ese porcentaje es menor a 20%. La mortalidad por cáncer aumento claramente en estas áreas, siendo éste un fenómeno nuevo, detectado por nuestros colegas desde el año 2000 y no verificado antes. Curiosamente, la fecha coincide con la  expansión del consumo de glifosato y otros agroquímicos que son masivamente aplicados en la zona.
La agresión química afecta a todas las personas, pero sin duda que los pobres del campo, los peones, sus mujeres y niños, son los que tienen menos posibilidades de proteger y recuperar su salud. Además, desde el norte de Córdoba y Santa Fé, la mayor parte de los nuevos emprendimientos de agricultura química son concretados por S.A. y pooles de siembra; estos utilizan la vía aérea de fumigación de manera casi generalizada y las dosis de venenos son mucho más alta por las condiciones climáticas y biológicas de la región, las consecuencias las sufren principalmente los pueblos originarios y los campesinos ancestrales.

Las evidencias cientificas

Las manifestaciones clínicas que los médicos de pueblos fumigados observamos en nuestros pacientes encuentran su causalidad biológica en los resultados de investigaciones científicas en modelos experimentales con diversos plaguicidas, incluyendo glifosato. Así, por caso, investigaciones de nuestros científicos demuestran de qué manera el glifosato actúa en el desarrollo embrionario produciendo malformaciones (Carrasco 2010), y como este veneno genera daño a las moleculas de  ADN del nucleo celular, promoviendo líneas celulares mutantes que ocasionarán cáncer si no logran ser eliminadas por el individuo (Alassia 2011, Simoniello 2010).

ensayo cometa que revela el daño que genera el glifosato en moleculas de ADN

También, numerosas publicaciones científicas en todo el mundo demuestran cómo la exposición a agrotóxicos aumenta notablemente las tasas de malformaciones, abortos, cáncer y trastornos hormonales en las personas sometidas a fumigaciones reiteradas.
Incluso las Revisiones Sistemáticas de la Medicina Basada en la Evidencia sostienen la necesidad de disminuir esta exposición por contarse con evidencias suficientemente fuertes y consistentes para reconocer que la exposición a plaguicidas aumenta el riesgo de afectar la salud humana (Sanborn 2005 y 2007). (Ver en Informe 1º Encuentro: www.reduas.fcm.unc.edu.ar)

Negando la Realidad

A pesar de todas las denuncias hechas por los vecinos, la información  recopilada en los Encuentros de Médicos de las facultades de medicina de Córdoba (2010) y de Rosario (2011), y todos los datos científicos que demuestran la toxicidad de los pesticidas, el Gobierno sigue apostando a aumentar la producción agraria con el mismo modelo. Del sector empresario, académico y gubernamental, que defienden a la agricultura química, se sigue insistiendo que no hay pruebas suficientes…, nos recuerdan a Phillips Morris cuando afirmaba que no había pruebas de que el cigarrillo produjera cáncer de pulmón; ensayos controlados de toxicidad no son éticamente realizables en humanos, pero los datos epidemiológicos terminaron sepultando la coartada de las multinacionales del cigarrillo; como también demuestran hoy las toxicidad de los productos de Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer o Novartis.
No se aplica el Principio Precautorio de la Ley de Ambiente, no se trata el proyecto de ley nacional que penaliza aplicar estos venenos sobre las personas, se sigue promoviendo el aumento indiscriminado de su utilización y se sigue manifestando que el glifosato es tan inocuo como “agua con sal” o que se puede tomar un vaso lleno de round up sin peligro, como lo hizo el Ministro de Ciencia y Tecnología Lino Barañao. (ver: http://www.reduas.fcm.unc.edu.ar/el-glifosato-no-es-agua-con-sal/)

Predomina el negocio sobre el derecho a la salud, el oro sobre la conciencia y se aferran a las mentiras que impuso Monsanto cuando impulsó la producción transgénica. Incluso en los pueblos fumigados vemos cómo familias de productores muy afectadas por los químicos niegan esta relación, alucinados por la millonaria diferencia que alcanzan al final de la temporada.

el oro sobre la conciencia los dolares sobre la salud y el ambiente

Casi 2500 millones de u$s se gastan en agrotóxicos en Argentina; las empresas transnacionales proveen las semillas y los venenos, compran la producción, controlan nuestro comercio exterior y además especulan financieramente con el precio de los alimentos (estos son los que se quedan con la mayor parte de la renta). Y como si fuera poco, enferman a nuestra población rural y destruyen su ambiente con la complicidad de los gobiernos provinciales y el nacional.


Para restringir mínimamente esta catástrofe sanitaria nos piden más pruebas. ¿Cuánto sufrimiento, dolor y muertes tendremos que mostrar para que reconozcan la necesidad de limitar las fumigaciones?
¿Qué reclamamos?

•    Prohibición de las fumigaciones aéreas, tal como se ha hecho en la Unión Europea.
•    Restricción del área de fumigaciones terrestres, alejándolas de las zonas pobladas.
•    Reclasificación de los agrotóxicos utilizados en nuestro país, considerando sus efectos agudos, de mediano y largo plazo en los seres humanos.
•    Aplicación del Principio Precautorio establecido en la Ley General del Ambiente Nº 25.675, Art4º.
•    Creación de una dependencia de Salud y Ambiente encargada de autorizar o rechazar el uso de cada pesticida en particular, en reemplazo del actual ente regulador (SENASA) en el que sólo participan el área de agricultura del estado, los productores representada en la Mesa de Enlace  y las Cámaras productoras de plaguicidas, prevaleciendo así las necesidades productivas y comerciales por sobre la salud de nuestras comunidades.


Los vecinos, los ciudadanos, ¿qué podemos hacer?

Ante esta situación, el papel de los miembros de los equipos de salud, los vecinos, las comunidades y la sociedad en general es fundamental.  Resulta imprescindible que cada uno de nosotros en nuestro barrio, nuestro pueblo o ciudad nos organicemos para reclamar por el derecho a la vida,  a la salud y a un ambiente sano.
Ayúdanos a recoger información sobre el impacto en la salud de los agrotóxicos:
•    Recoger testimonios, en los que se reconstruyan situaciones de vulneración de derechos en historias de vida reales constantes y sonantes para denunciar el actual atropello por parte del agronegocio y sus socios políticos y sociales.
•    Hacer mapas o croquis de las poblaciones con los campos de transgénicos, los acopios y depósitos de venenos, ubicando los domicilios de los vecinos enfermos de cáncer, malformaciones, hipotiroidismo, púrpuras, lupus y diabetes. Esto grafica crudamente en una imagen lo que decimos en muchas palabras.

georeferenciación de casos en Barrio Ituzaingo de Córdoba, año 2005, a la derecha del barrio estaban los campos de soja

•    Hablar con los médicos de tu pueblo o barrio e invítalos a informarse y contactarse con esta Red.
•    Organizar actividades de divulgación y debate del problema en tu localidad.  Es preciso poner en la esfera pública este conflicto; miembros de esta Red pueden participar aportando sus conocimientos técnicos sanitarios del tema.
•    Generar grupos colectivos de “Paren de Fumigar” en cada pueblo que promuevan la generación de ordenanzas y normas locales que restrinjan las fumigaciones generando reparos ambientales de 800 o 1000 metros a partir del ejido o limite urbano de los pueblos; que impida la circulación de los mosquitos cargados de venenos por las calles, que retire los acopios de granos de los centros urbanos y también de los depósitos de agrotóxicos. Y que coordinen con grupos similares de tu provincia y el país.
•    Ayúdanos a difundir la información que recogemos en los medios de comunicación de tu zona.
Es la hora de participar, involucrarnos y ejercer una ciudadanía plena en la defensa de nuestros derechos.

Contaminacion Ambiental de Repsol

LA CONTAMINACION DENUNCIADA EN VARIAS PROVINCIAS

Contaminacion Ambiental de Repsol

Cumpas, se viene la recuperación de nuestros Recursos Naturales. A su vez, esto va ir directamente relacionado al modelo de desarrollo que queremos en America Latina. Queremos nuestros Recursos en nuestras manos, pero no para copiar la cochinada consumista y depredativa que ha llevado a los ricos a la crisis. America Latina se debe poner dos objetivos fundamentales: Recuperar sus Recursos Naturales y definir un modelo de desarrollo orientado hacia un objetivo fundamental: la dignidad de la persona humana es en equilibrio con la naturaleza.

 


Al retirarse Repsol quedan numerosas denuncias en varias provincias sobre el daño ambiental. En algunos casos, se trata de demandas presentadas por pueblos originarios.

Por Cristian Carrillo - Pagina 12

La ley de expropiación contempla un resarcimiento económico para la firma a la que se le retira la concesión. El precio que ofrecerá el Estado nacional a Repsol depende de muchas variables, entre ellas el pasivo medio ambiental y de infraestructura que deja la compañía en el país, lo que aleja notablemente el número respecto de la valoración actual de mercado. Para colaborar en la tarea, las distintas áreas pertinentes de las provincias petroleras iniciaron hace unas semanas un relevamiento sumarial sobre todas aquellas intimaciones que fueron realizadas a la operadora por incumplimiento de las normas ambientales en los campos petroleros, por no respetar áreas protegidas y por mal tratamiento de los afluentes. Repsol anunció hace unos meses el inicio del proceso de saneamiento, pero informes privados advierten que esa reversión del daño llevará al menos veinte años.

“Vamos a acogernos a lo que plantee la ley que fijará un valor (sobre el 51 por ciento de la compañía). Pero el desastre en que dejaron la infraestructura de producción tiene su costo y lo van a tener que pagar, porque el medio ambiente no se rifa, tiene precio”, había señalado el ministro de Planificación, Julio De Vido. La compañía dejó un tendal de normativas sin cumplir. Acostumbrada a trabajar en la región sobre áreas protegidas o territorios indígenas, Repsol enfrentó su primera demanda civil en la Argentina el 27 de marzo de 2002, de la mano de comunidades mapuches Kaxipayiñ y Paynemil de Loma de la Lata, donde explotaba el mayor yacimiento de gas y petróleo del país.

La demanda fue por 445 millones de dólares en resarcimiento de los daños que sufrieron en su territorio como consecuencia de la explotación hidrocarburífera. La presentación se sostuvo en los informes de la consultora alemana Umweltschutz Nord Argentina, que estableció que los individuos de las comunidades mapuches tienen niveles de presencia de “elementos tóxicos” por encima de los urbanos europeos. En el informe da cuenta de que hallaron valores elevados “sobre todo de aluminio, manganeso, talio” y que “fueron encontrados algunos valores significativamente altos de plomo, cadmio, arsénico y níquel”. Para la consultora, los trabajos de recuperación demandarán por los menos veinte años.

El resto de las demandas judiciales responde a un incumplimiento de las normas medio ambientales. En Santa Cruz, el inventario que lleva adelante la Subsecretaría de Medio Ambiente sobre el pasivo de Repsol arrojó un quebranto de más de 500 millones de dólares. De acuerdo con datos de esa dependencia, se registraron unas 1700 piletas mal saneadas, sobre un total de 5000 que tiene la empresa. Se trata de piletas antiguas, en las que cuando había alguna intervención de equipos de torres y otros, se tiraba el hidrocarburo. En 1996 venció el plazo que dio la Secretaría de Energía de la Nación para que se sanearan esas piletas. Lo único que hizo entonces la compañía fue taparlas. El mismo tratamiento se llevó a cabo en Comodoro Rivadavia (Chubut).

El gobierno de Santa Cruz también realizó un conteo de pozos inactivos y abandonados, que actualmente superan los 8000, en los cuales tampoco se cumplió con el procedimiento de abandono, que impone, entre otros pasos, la cementación del pozo y la remediación del suelo a su alrededor. En este caso, la Fiscalía de la provincia estudia la presentación penal del caso, aunque todavía no fue definido el número final. El relevamiento de la provincia no tiene que ver con la expropiación anunciada esta semana sino que comenzó cuando Repsol se inscribió –agosto de 2010–en el registro para la renovación de sus concesiones. La ley advierte que debe confeccionarse un inventario de pasivo.

En la provincia de Buenos Aires fueron radicadas dos denuncias por daños en el ambiente de los ríos. Una es por contaminación del suelo con hidrocarburos en la zona de los canales Este y Oeste, cercanos a la refinería y destilería que la planta tiene en Ensenada. El otro punto de contaminación atribuida a la empresa se encuentra en Dock Sud, en el partido de Avellaneda. Los daños comenzaron bastante antes. En 2000 –un año después de que Repsol adquiriera la mayoría de YPF– se denunciaron dos escapes de gases tóxicos en La Plata, que afectaron a vecinos de Berisso, El Dique, Ensenada y General Mosconi. Por su parte, continúan los monitoreos tras el desastre ecológico producido en diciembre de 2009 por un derrame de gasoil en la localidad de Juan Jorba, San Luis. El derrame se produjo a partir de la rotura de un ducto de la compañía en el tramo que va de Villa Mercedes (San Luis) a Montecristo (Córdoba).

La falta de controles estrictos derivó además en víctimas. El secretario del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, denunció que en los últimos seis años en YPF murió un trabajador por año en accidentes de trabajo como consecuencia de la “desidia” y “negligencia” de la empresa

“La empresa Repsol deberá hacerse cargo de los pasivos ambientales que dejó en el país.” La frase corresponde al senador Marcelo Fuentes (Neuquén, FpV), quien afirmó a Página/12 que las provincias acudirán a la Justicia, si es necesario, para que la compañía española pague por los daños ambientales. Este aspecto será clave para determinar el precio que deberá pagar el Estado por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF en poder de Repsol.

–Con respecto al valor de la compañía, tanto Julio De Vido como Axel Kicillof indicaron que se auditarán los pasivos ambientales, que serán determinantes a la hora de valuar el porcentaje de acciones a expropiar.
–Esa es la diferencia entre una empresa con un sentido de integración, que necesariamente hoy debe tener por objetivo el cuidado del medio ambiente, con otra que no lo tiene. El titular de Repsol decía que debían disminuir su exposición en la Argentina (dato que figura en los balances). Era lo mismo que decir “nos estamos yendo y te dejo un agujero inmenso”. Ahora, ese pasivo ambiental, independientemente de que la Nación pueda coordinar la valoración a través del ministerio respectivo, pertenece a las provincias y comunidades. Hay distintos tipos de pasivos ambientales. Están los propios de cualquier actividad, por ejemplo. Pero incluso aquellos que operan con los mejores canones ambientales también crean pasivos. El tema es dilucidar si los pasivos fueron generados por falta de inversiones, algo que se ve reflejado en ductos con pérdidas o accidentes injustificados.

–¿Cómo se materializará esa recomposición de los pasivos? –Cuando te vas a retirar en guerra y peleando, vas a recibir el agua hirviendo hasta que te vayas. La otra forma de retirarte es con una baja en los decibeles y ponerse a discutir sobre los valores reales de la compañía y listo. Pero ahora la empresa está hablando de que motorizará sanciones en los foros internacionales (como el Ciadi), mientras que nosotros hablamos de las dificultades que ellos van a tener producto de los pasivos ambientales que dejaron. El inventario de lo que está oculto en los recovecos de la empresa es uno de los elementos determinantes de la expropiación.

–¿Es decir, Repsol tendrá dificultades por cómo manejaron la cuestión ambiental? –Efectivamente.

–¿Por ejemplo? –El embargo de créditos y otros reclamos. Todo esto será coordinado. No es el Estado nacional quien tiene el derecho sobre estos pasivos sino que pertenecen a las provincias que, en un acuerdo muy amplio, deberán discernir de qué manera defender los intereses de sus habitantes.

–¿Van a recurrir a la Justicia para realizar estos reclamos? –Sí, podría ser.

–¿Cómo van a realizarse las alianzas entre YPF y las posibles nuevas empresas, nacionales y extranjeras, que quieran dedicarse al mercado de los hidrocarburos? –No entrará cualquier empresa sino aquellas que estén dispuestas a comulgar con el proyecto energético del país. Las empresas saben que invertir en hidrocarburos es algo rentable. El tema es también obligarlos a que pongan plata en el país.

EL COMANDO SUR EN EL CHACO

 EL COMANDO SUR EN EL CHACO

PROCESO DE LA INFORMACION OBTENIDA POR LOS MIEMBROS DEL CEMIDA ELSA BRUZZONE Y JOSÉ LUIS GARCÍA

A través de la valiosa información proporcionada por ”EL CALDERO 2008”,  luego  confirmada y ampliada por distintas y confiables fuentes nos enteramos de la infausta nueva:  El Comando  Sur de los EE UU lograba  imponer  su objetivo de hacer pié en nuestro país para disponer una base militar en proximidades de la Triple Frontera,  instalándose nada menos que en la ciudad de Resistencia,  capital  de  la  Provincia  del Chaco.     Conviene  recordar  que  durante  los  primeros  años  de  este siglo  EE UU  presionó  de todas maneras  sobre  los sucesivos  gobiernos  argentinos  para  lograr  la instalación  de  una  base  militar   en  San  Ignacio,  Provincia  de  Misiones, próxima a la  Triple  Frontera,  con  el  pretexto  de  vigilar  las  presuntas  actividades  terroristas  en  la  Región,  no  logrando  nunca  su  objetivo.

Presentamos una escueta síntesis de los fundamentos que sustentan la veracidad de estas noticias así  como un análisis de la forma como se ha aplicado y se aplica la estrategia para el control militar y de los recursos naturales estratégicos de la Región por parte del llamado “Comando Sur” de  EE  UU .

                               

Todo  se  inició  cuando el  Comando Sur y  la   embajada   norteamericana   impulsaron un “Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Emergencias,” que fue aprobado en 2006 por el ex Ministro Aníbal Fernández, como un aporte a los programas sociales que desarrollaba el gobierno.  De esta manera  y enmascarando las reales intenciones se posibilitaba la  entrada de dicho Comando  en territorio argentino   por la puerta de servicio.    

Ello implicó realizar inicialmente   campañas de "concientización humanitaria" y de  instrucción a la población  con  el  objetivo  de   establecer,   en un futuro   que   manifestaron  cercano,  personal para colaborar con la "ayuda humanitaria",  tal como había ocurrido con  anterioridad  en  Ecuador,  Honduras,  Costa Rica,  Paraguay   y   Colombia.

 Ese futuro cercano    llegó cuando  el  Gobernador del Chaco  Jorge  Capitanich,   recibió  en diciembre de  2011  al   Consejero  de la Embajada norteamericana  en Argentina  Jefferson Brown  y  al   coronel EDWIN PASSMORE agregado militar del Comando Sur de  EE  UU quienes  le   informaron que su Provincia sería la elegida para la puesta en marcha de esos planes.  Con ellos analizó los proyectos conjuntos que definieron la inauguración del primer Organismo de esa Ayuda en  Argentina en la ciudad de Resistencia,   de lo  que   se  sospecha será una   base militar   encubierta  de control y monitoreo de EE  UU  en territorio argentino,  bajo  el  eufemístico  nombre  de   “Centro de Ayuda Humanitaria”.

En la oportunidad, Brown expresó  “éste es uno de los proyectos más importantes que el gobierno norteamericano tiene con Argentina.  Se trata del primer Centro de Respuesta a Emergencias, cuya construcción demandó una inversión de tres  millones de dólares y  fue financiado por una donación de la Embajada de Estados Unidos”. El edificio, de aspecto impresionante,  está ubicado en el predio del Aeropuerto de Resistencia,  “Sólo resta equiparlo con tecnología informática  para luego culminar  con  una capacitación al personal”  manifestó  el  coronel Edwin Passmore,  acompañado en la oportunidad por el  representante de la Agencia de Inversión,  Comercio Exterior y Relaciones Internacionales del Chaco  Marcos Sotelo.

El coronel  Passmore,   el representante del COMANDANTE DEL COMANDO SUR DE EE  UU  que opera como una especie de Virrey de la Región y  tiene acreditados agregados militares  en la Cancillería Argentina,  explicó que ese Centro de Operaciones “está pensando para emergencias naturales como inundaciones o sequias, pero también puede utilizarse, por ejemplo, para epidemias como” el dengue”.  Señaló   además   que   el   sitio contendrá la informática adecuada   para realizar “la coordinación con los organismos necesarios antes los eventuales sucesos,”   detalló que la construcción había sido acordada dos años   atrás   entre Capitanich   y   el ex embajador  Earl Anthony Wayne   y   aseguró que el Centro estará financiado por el Comando Sur.

Lo que no pudo aclarar fue como un programa con apariencia civil es  realizado  por  un    COMANDO  MILITAR  DE    EE  UU,  EL CUAL  NO GUARDA  RELACION  DE  DEPENDENCIA  CON  LA  EMBAJADA  DE  ESE  PAIS, que es la que  debería  tener  a  su  cargo o patrocinar  programas  realmente  solidarios  y  exclusivamente  civiles.

El Gobernador  Jorge  Capitanich  ya  había recibido en septiembre de  2011  a una delegación de legisladores norteamericanos que  visitaron la Provincia para estrechar vínculos entre ambos “países”   según  declararon  a  los  medios  de  comunicación.  En  esa  ocasión    recomendó a los  legisladores,   a  quienes  calificó  como   la nueva generación de políticos estadounidenses, tener como estrategia,  para  reposicionar  a EE.UU  después de la crisis actual, la unión americana y de esta manera convertir al continente en una potencia mundial.  Juntos seremos la mayor reserva de minería, agua dulce, alimentos, energía,  industria cultural, atractivos turísticos, talentos de recursos humanos y tecnología vinculada a procesos productivos”, explicó el Gobernador, que casi hablaba como un mandatario presidencial o como   ¿un delegado imperial?   “Desde América del Sur vemos con tristeza que Estados Unidos no nos considere un aliado”, manifestó en la oportunidad, asegurando que está crisis es una ocasión para potenciar las relaciones. “Defiendo una alianza estratégica y estoy dispuesto a luchar por esa idea”, afirmó sin titubeos ante la delegación norteamericana   asumiendo  de facto el manejo de las relaciones internacionales de la  Argentina y más   aún,  las  de  UNASUR.  Cosa  rara  ¿verdad…? 

Asimismo  y  como parte del paquete firmado en nombre de EE  UU    la empresa Forbes Energy   invertirá 100 millones de dólares en el Chaco para producir bioetanol a partir de la caña de azúcar.  “Hemos recorrido la zona norte de Argentina y hemos focalizado nuestro interés en Chaco por sus importantes condiciones productivas. Ahora sólo debemos definir algunos puntos fundamentales pero ya estamos listos  para invertir en la Provincia”, aseguró Alexander Forbes, gerente de la empresa. ¿Habrá sido ese el precio de la entrega?   Cabe  recordar  que  al  grupo  Forbes  &  Manhattan  pertenecen  las  empresas  mineras   Rodinia  Lithium,  presente  en  los  Salares  de  Diablillos,  Centenario  y  Ratones,   Salta;  y  Rodinia  Minerals,  presente  en  el  Salar  de  Salinas  Grandes,  Jujuy.

Esta llamativa posición  en defensa de la unión estratégica con los EE  UU   ha permitido que el Comando Sur se instale como “Base de Ayuda Humanitaria” en territorio argentino lo que le asegurará adicionalmente el monitoreo y control satelital de toda la región ubicada cerca de la Triple Frontera entre  Argentina,  Paraguay y  Brasil y ADEMÁS  sobre el codiciado ACUIFERO GUARANI, la mayor reserva de agua dulce de la Región,   SIN CONTAR LOS BAÑADOS Y ESTEROS DEL  IBERÁ.

 Pero la pregunta básica es  ¿Cómo funcionará realmente este CENTRO DE COPERACION  o nuestra denuncia es un simple delirio conspirativo?

 Para ello será necesario considerar que la operación se inició con la puesta en marcha de un taller para capacitación de funcionarios e integrantes de los Municipios del interior del Chaco, dictado por un consultor salvadoreño contratado por el Comando Sur, en el marco del Programa de Asistencia Humanitaria  que se implementó  en la Provincia a partir de un Convenio suscripto entre el Gobierno Provincial, la Embajada de EE  UU y el Comando Sur  a través del cual este último  brindará asistencia técnica  para el armado de los programas y sistemas para la asistencia en la emergencia ambiental  y propondrá las acciones por desarrollar,  las  cuales  se deben enmarcar en el mencionado Programa.   Es de hacer notar  que esa gestión cívico – militar   ya está hoy en Argentina proporcionando “ayuda humanitaria”, y  capacitando a los funcionarios públicos para atender  posibles emergencias en la Provincia.

Existiendo   múltiples organismos no militares nacionales e internacionales cuya actividad se orienta hacia una misión social y humanitaria no queda claro por qué estas tareas se encomendaron al Comando Sur en forma altamente sospechosa   ya que es conocida la doble misión de las embajadas y los organismos militares de EE  UU   en los diversos programas civiles y militares de ese país para ayuda, capacitación, intercambio, cooperación, trabajo bilateral y que culminan con la realización de ejercicios militares “combinados”  con los efectivos  de los países involucrados .

Además todo  ello constituye el fundamento del funcionamiento del llamado SIAD  (Sistema Interamericano de Defensa) creado por EE  UU   dentro del cual el COMANDO SUR es el principal órgano operador para Latinoamérica y El Caribe,  independientemente de las atribuciones políticas de las  embajadas norteamericanas en el Continente.

Por un lado, Washington presenta un  componente humanitario visible al público, estructurado sobre actividades que la sociedad visualiza como 'justas' y en su beneficio, de modo tal que pueda justificarse una interacción bilateral.   Causas como ayuda humanitaria, sanidad y salud pública, emergencias y desastres naturales, derechos humanos, seguridad, lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo.    Pero por otro lado, existe una componente no visible que se encuadra en los objetivos estratégicos afines a los intereses de EE UU y muchas veces contrapuestos a los del país asistido, conducidos por un comando militar.

Además  se suman  a esta operatoria los  ”Acuerdos de Cooperación” que el Gobierno Nacional  Argentino ya viene manteniendo  con EEUU  en el plano militar y civil;   sea por ejemplo para capacitación de civiles y militares con instructores estadounidenses, como son los   Programas   Internacionales para Educación y Entrenamiento Militar, de Seguridad de Fronteras y Control de Exportaciones y de Asistencia Antiterrorista. También Washington envía fondos para educación y entrenamiento policial.   En este marco, con un acuerdo y reuniones entre representantes de la embajada de EE  UU y  del   Comando Sur con el Ministerio de Seguridad  de Argentina y el Gobierno del Chaco, se desarrolla el 'Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Emergencias', que habilita la doble intervención (visible/encubierta) de EEUU en la región.

Como expresa  el  Comando Sur estas estructuras de cooperación facilitan   la interacción militar con militares de la zona  la  cual  es  necesaria  para “mantener un contacto regular que construya confianza e intercambio de informaciónrelevante para la seguridad regional.”    Permite  conocer cómo trabajan otros militares (sus procedimientos y capacidades de  comando y control)  considerados importantes para una futura cooperación. Los militares estadounidenses buscan a través de estos programas, construir relaciones interpersonales con oficiales de otros países, amistad y camaradería con los altos jefes y aumentar el acceso a los militares de la región, para convertirlos en potenciales aliados en futuros conflictos.

Cuando ha sido alcanzada cierta aceptación de su accionar por la sociedad   y se ha logrado un nivel de organización aceptable, surgirá naturalmente la necesidad de instalar, por ejemplo, un Centro de Coordinación Antidrogas en la localidad, con ello las bases militares  serían entonces  Centros de Seguridad Cooperativa.    Ellas podrán materializarse como instalaciones  inocuas que podrían traer progreso a la zona.    Para ello bastará con que el Comando Sur logre disponer de estructuras, terrenos, almacenes, rutas, aeródromos, puertos que podrán ser concesionados, alquilados y/o mantenidos por la nación anfitriona, y en servicio con poco personal  permanente o temporario. Estas bases encubiertas,  listas para ser completamente activadas,     podrán tener facilidades y equipamiento predeterminado para albergar rotación de fuerzas  y  actuar como centros de entrenamiento regionales en operaciones combinadas con   EE  UU.  Pueden presentarse  como no militares   para que sean aprobadas por los Congresos de los países involucrados  y   mostrarse necesarias para el control del contrabando, migraciones ilegales y narcotráfico,  un ejemplo cercano lo constituye el predio “Mariscal Estigarribia”en el Paraguay.

Estas instalaciones operacionales extraterritoriales de EE  UU,  por una especie de metamorfosis,   se transforman con el devenir de la “amenaza” de un enemigo común  en lo que ellos denominan Base de Operaciones Principales (MOB), fortificaciones militares para comando, control y comunicaciones con fuerzas operativas permanentes; Base de Operaciones de Avanzada (FOB), extensión de la anterior para operaciones especiales  y que incluye aeródromo, fondeadero o muelle; Centro Operativo de Avanzada (FOL),   similar al anterior pero sin toda su infraestructura  y  primariamente utilizada  para operaciones antidrogas; Centro de Seguridad Cooperativa (CSL),  con poca o nula  presencia   permanente de los estadounidenses, mantenida por concesión o por el país anfitrión,  funciona como centro para actividades de cooperación con éste, rotación de fuerzas, apoyo logístico y acceso ante contingencias.  Pruebas de su existencia  las encontramos en distintos países latinoamericanos y caribeños.  Es el caso de las bases de  Comalapa, Aruba y Curazao, por ejemplo, que se clasificaban como FOL,  es decir para lucha antidrogas,   y luego fueron redefinidas como CSL (de Cooperación).  Curiosamente las  tres  están en lugares geográficos privilegiados con pistas de aterrizaje de 2,4 kilómetros    de  largo   para aviones pesados, con capacidad para operación nocturna de aeronaves,   control de tráfico aéreo, equipos de abastecimiento de combustible, bomberos, hangares, oficinas y almacenes. En ellas se registra la presencia continuada de aeronaves de combate, como los cazas supersónicos a reacción F-16  y  F-15,  aviones de reconocimiento y patrulla Orión P-3, aviones de Inteligencia de señales E-2 AEW, E-3 AWACS, aviones de rescate y tanqueros para reabastecimiento de combustible en vuelo como el Hércules  HC-130, de transporte táctico como el Hércules C-130  y  helicópteros de distinto porte.

Hay abundante evidencia de  que en estas instalaciones de EE  UU y  en  otras de mucho menor perfil se realizan en los hechos, operaciones militares encubiertas de la más diversa índole y que cumplen múltiples funciones estratégicas;  entre  ellas    apoyar ataques militares contra organizaciones rebeldes locales que estorben los intereses de EE  UU y sus aliados, y  guerra de Inteligencia de señales electrónica y de comunicaciones que permite detectar la posición de los blancos, identificarlos e implementar el ataque con bombas inteligentes.  Claro  ejemplo  de  esto fue  el bombardeo al campamento ecuatoriano en el que murió Raúl Reyes.

Las instalaciones estadounidenses cumplen además misiones de vigilancia y espionaje de los sistemas de armas y fuerzas militares del país anfitrión y sus vecinos,  realizan  acciones     de infiltración, relevamiento, influencia y control sobre las Fuerzas Armadas y poblaciones de los países con el engaño que le traerán progreso local, bienestar económico, empleos y seguridad.  La presencia militar latente de EEUU en la región facilitará planes de despliegue rápido regional y global de sus fuerzas de tareas ante conflictos. También pueden actuar como elemento político disuasivo  afín a los intereses de Washington.  Es  impresionante  la transformación sufrida  por  estas  organizaciones  que,  iniciándose  como ”CENTROS DE AYUDA HUMANITARIA” a  las  necesidades  de  las  comunidades  civiles,  se  transformaron  en  formidables  elementos  castrenses,  casi imposibles de eliminar.

Valdría la pena averiguar lo que  le costó al Brasil de Lula  eliminar la base de San Pedro Alcántara en el corazón del Amazonas,   y al Ecuador de   Rafael  Correa la  de  Manta  sobre la costa del Pacífico.

Una de las metas de las operaciones de Inteligencia de EE UU en Argentina parece ser materializar, poco a poco, una progresiva presencia en el país  que  no necesariamente significa  permanencia desde el inicio, ya  que  normalmente  es un    nivel cooperativo y humanitario con bajo perfil;  pero  luego  y en el momento oportuno,   se  transforma  en   una  intervención militar negociada. 

 Ya ha ocurrido así en varios países  ¿Permitiremos nosotros  el progreso de semejante procedimiento que  se ha iniciado con este Acuerdo?   y  además ¿no estaremos así  traicionando los principios fundacionales de la UNASUR?