Monsanto golpea en Paraguay: Los muertos de Curuguaty y el juicio político a Lugo. por Idilio Méndez Grimaldi
Quienes están detrás de esta
trama tan siniestra? Los propulsores de una ideología que promueven el
máximo beneficio económico a cualquier precio y cuanto más, mejor, ahora
y en el futuro.
El viernes 15 de junio de 2012,
un grupo de policías que iba a cumplir una orden de desalojo en el
departamento de Canindeyú en la frontera con Brasil, fue emboscado por
francotiradores, mezclados con campesinos que reclamaban tierras para
sobrevivir. La orden fue dada por un juez y una fiscala para proteger a
un latifundista. Como resultado se tuvo 17 muertos; 6 policías y 11
campesinos y decenas de heridos graves. Las consecuencias: El laxo y
timorato gobierno de Fernando Lugo quedó con debilidad ascendente y
extrema, cada vez más derechizado, a punto de ser llevado a juicio
político por un Congreso dominado por la derecha; duro revés a la
izquierda, a las organizaciones sociales y campesinas, acusadas por la
oligarquía terrateniente de instigar a los campesinos; avance del
agronegocio extractivista de manos de las transnacionales como Monsanto,
mediante la persecución a los campesinos y el arrebato de sus tierras
y, finalmente, la instalación de una cómoda platea para la los oligarcas
y los partidos de derecha para su retorno triunfal en las elecciones de
2013 al Poder Ejecutivo.
El 21 de octubre de 2011, el
Ministerio de Agricultura y Ganadería, dirigido por el liberal Enzo
Cardozo, liberó ilegalmente la semilla de algodón transgénico Bollgard
BT de la compañía norteamericana de biotecnología Monsanto, para su
siembra comercial en Paraguay. Las protestas campesinas y de
organizaciones ambientalistas no se dejaron esperar. El gen de este
algodón está mezclado con el gen del Bacillus Thurigensis, una bacteria
tóxica que mata a algunas plagas del algodón, como las larvas del
picudo, un coleóptero que oviposita en el capullo del textil. El
Servicio de Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE,
otra institución del Estado paraguayo, dirigido por Miguel Lovera, no
inscribió dicha semilla transgénica en los registros de cultivares, por
carecer de los dictámenes del Ministerio de Salud y de la Secretaría del
Ambiente, tal como exige la legislación.
Campaña mediática
Durante los meses posteriores,
Monsanto, a través de la Unión de Gremios de Producción, UGP,
estrechamente ligada al Grupo Zuccolillo, que publica el diario ABC
Color, arremetió contra SENAVE y su presidente por no inscribir la
semilla transgénica de Monsanto para su uso comercial en todo el país.
La cuenta regresiva decisiva
pareció haberse dado con una nueva denuncia por parte de una
seudosindicalista del SENAVE, de nombre Silvia Martínez, quien acusó el 7
de junio pasado a Lovera de corrupción y nepotismo en la institución
que dirige, a través de ABC Color. Martínez es esposa de Roberto
Cáceres, representante técnico de varias empresas agrícolas, entre ellas
Agrosán, recientemente adquirida por 120 millones de dólares por
Syngenta, otra transnacional, todas socias de la UGP.
Al día siguiente, viernes 8 de
junio, la UGP publica en ABC a seis columnas: “Los 12 argumentos para
destituir a Lovera” (1). Estos presuntos argumentos fueron presentados
al vicepresidente de la República, correligionario del ministro de
Agricultura, el liberal Federico Franco, quien en ese momento se
desempeñaba como presidente de Paraguay en ausencia de Lugo, de viaje
por Asia.
El viernes 15 del corriente mes,
en ocasión a una exposición anual organizada por el Ministerio de
Agricultura y Ganadería, el ministro Enzo Cardozo dejo escapar un
comentario ante la prensa que un supuesto grupo de inversores de la
India, del sector de los agroquímicos, canceló un proyecto de inversión
en Paraguay por la presunta corrupción en SENAVE. Nunca aclaro de qué
grupo se trataba. En esas horas de aquel día se registraban los trágicos
sucesos de Curuguaty.
En el marco de esta exposición
preparada por el citado ministerio, la transnacional Monsanto presentó
otra variedad de algodón, doblemente transgénico: BT y RR o Resistente
al Roundup, un herbicida fabricado y patentado por Monsanto. La
pretensión de la transnacional norteamericana es la inscripción en
Paraguay de esta semilla transgénica, tal como ya ocurrió en la
Argentina y otros países del mundo.
Previamente a estos hechos, el
diario ABC Color denunció sistemáticamente por presuntos hechos de
corrupción a la ministra de Salud, Esperanza Martínez y al ministro del
Ambiente, Oscar Rivas, dos funcionarios que no dieron su dictamen
favorable a Monsanto.
Monsanto facturó el año pasado 30
millones de dólares, libre de impuestos, (porque no declara esta parte
de su renta) solamente en concepto de royalties por el uso de semillas
transgénicas de soja en Paraguay. Independiente, Monsanto factura por la
venta de las semillas transgénicas. Toda la soja cultivada es
transgénica en una extensión cercana a los tres millones de hectáreas,
con una producción en torno a los 7 millones de toneladas en el 2010.
Por otro lado, en la Cámara de
Diputados ya se aprobó en general el proyecto de Ley de Bioseguridad,
que contempla crear una dirección de bioseguridad a cargo del Ministerio
de Agricultura, con amplia potestad para la aprobación para su cultivo
comercial de todas las semillas transgénicas, ya sean de soja, maíz,
arroz, algodón y algunas hortalizas. Este proyecto de ley contempla la
eliminación de la Comisión de Bioseguridad actual, que es un ente
colegiado de funcionarios técnicos del Estado paraguayo.
En tanto transcurrían todos estos
acontecimientos, la UGP viene preparando un acto de protesta nacional
contra el gobierno de Fernando Lugo para el 25 de junio próximo. Se
trata de una manifestación con maquinarias agrícolas, cerrando medias
calzadas de las rutas en distintos puntos del país. Una de las
reivindicaciones del denominado “tractorazo” es la destitución de Miguel
Lovera del SENAVE, así como la liberalización de todas las semillas
transgénicas para su cultivo comercial.
Las conexiones
La UGP está dirigida por Héctor
Cristaldo, apoyado por otros apóstoles como Ramón Sánchez - quien tiene
negocios con el sector de los agroquímicos - entre otros agentes de las
transnacionales del agronegocio. Cristaldo integra el staff de varias
empresas del Grupo Zuccolillo, cuyo principal accionista es Aldo
Zuccolillo, director propietario del diario ABC Color desde su fundación
bajo el régimen de Stroessner, en 1967. Zuccolillo es dirigente de la
Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. El Grupo Zuccolillo es socio
principal en Paraguay de Cargill, una de las transnacionales más grandes
del agronegocio en el mundo. La sociedad construyó uno de los puertos
graneleros más importante del Paraguay, denominado Puerto Unión, a 500
metros de la toma de agua de la empresa aguatera del Estado paraguayo,
sobre el Río Paraguay, sin ninguna restricción.
Las transnacionales del
agronegocio en Paraguay prácticamente no pagan impuestos, mediante la
férrea protección que tienen en el Congreso, dominado por la derecha. La
presión tributaria en Paraguay es apenas del 13% sobre el PIB. El 60 %
del impuesto recaudado por el Estado paraguayo es el Impuesto al Valor
Agregado, IVA. Los latifundistas no pagan impuestos. El impuesto
Inmobiliario representa apenas el 0,04% de la presión tributaria, unos 5
millones de dólares, según un estudio del Banco Mundial (2) aún cuando
el agronegocio produce rentas en torno al 30 % del PIB, que representan
unos 6.000 millones de dólares anuales. Paraguay es uno de los países
más desiguales del mundo. El 85 por ciento de las tierras, unas 30
millones de hectáreas, está en manos del 2 por ciento de propietarios
(3) que se dedican a la producción meramente extractivista o en el peor
de los casos a la especulación sobre la tierra.
La mayoría de estos oligarcas
poseen mansiones en Punta del Este o Miami y tienen estrechas relaciones
con las transnacionales del sector financiero, que guardan sus bienes
mal habidos en los paraísos fiscales o le facilitan inversiones en el
extranjero. Todos ellos, de alguna u otra manera, están ligados al
agronegocio y dominan el espectro político nacional, con amplias
influencias en los tres poderes del Estado. Allí reina la UGP, apoyada
por las transnacionales del sector financiero y del agronegocio.
Los hechos de Curuguaty
Curuguaty es una ciudad ubicada
al este de la Región Oriental del Paraguay, a unos 200 km de Asunción,
capital del Paraguay. A unos kilómetros de Curuguaty se halla la
estancia Morombí, propiedad del terrateniente Blas Riquelme, con más de
70 mil hectáreas en ese lugar. Riquelme proviene de la entraña de la
dictadura de Stroessner (1954-1989) bajo cuyo régimen amasó una inmensa
fortuna, aliado al general Andrés Rodríguez, quien ejecutó el golpe de
Estado que derrocó al dictador Stroessner. Riquelme, que fue presidente
del Partido Colorado por muchos años y senador de la República, dueño de
varios supermercados y establecimientos ganaderos, se apropió mediante
subterfugios legales de unas 2.000 hectáreas, aproximadamente, que
pertenecen al Estado paraguayo.
Esta parcela fue ocupada por los
campesinos sin tierras que venían solicitando al gobierno de Fernando
Lugo su distribución. Un juez y una fiscala ordenaron el desalojo de los
campesinos, a través del Grupo Especial de Operaciones, GEO, de la
Policía Nacional, cuyos miembros de élite en su mayoría fueron
entrenados en Colombia, bajo el gobierno de Uribe, para la lucha
contrainsurgente.
Sólo un sabotaje interno dentro
de los cuadros de inteligencia de la Policía, con la complicidad de la
Fiscalía, explica la emboscada, en la cual murieron 6 policías. No se
comprende cómo policías altamente entrenados, en el marco del Plan
Colombia, pudieron caer fácilmente en una supuesta trampa tendida por
campesinos, como quiere hacer creer la prensa dominada por los
oligarcas. Sus camaradas reaccionaron y acribillaron a los campesinos,
matando a 11, quedando unos 50 heridos. Entre los policías muertos
estaba el jefe del GEO, comisario Erven Lovera, hermano del teniente
coronel Alcides Lovera, jefe de seguridad del presidente Lugo.
El plan consiste en criminalizar,
llevar hasta el odio extremo, a todas las organizaciones campesinas,
para empujar a los campesinos a abandonar el campo para el uso exclusivo
del agronegocio. Es un proceso lento, doloroso, de descampesinización
del campo paraguayo, que atenta directamente contra la soberanía
alimentaria, la cultura alimentaria del pueblo paraguayo, por ser los
campesinos productores y recreadores ancestrales de toda la cultura
guaraní.
Tanto la Fiscalía o Ministerio
Público, como el Poder Judicial y la Policía Nacional, así como diversos
organismos del Estado paraguayo, están controlados mediante convenios
de cooperación por USAID, la agencia de cooperación de los Estados
Unidos.
El asesinato del hermano del jefe
de seguridad del presidente de la República obviamente es un mensaje
directo a Fernando Lugo, cuya cabeza sería el próximo objetivo,
probablemente a través de un juicio político, quien derechizó más su
gobierno tratando de calmar a los oligarcas. Lo ocurrido en Curuguaty
tumbó a Carlos Filizzola del Ministerio del Interior y fue nombrado en
su reemplazo a Rubén Candia Amarilla, proveniente del opositor Partido
Colorado, al cual Lugo lo derrotó en las urnas en el 2008, luego de 60
años de dictadura colorada, incluyendo la tiranía de Alfredo Stroessner.
Candia fue ministro de Justicia
del gobierno colorado de Nicanor Duarte (2003-2008) y se desempeñó como
fiscal general del Estado por un periodo, hasta el año pasado, cuando
fue reemplazado por otro colorado, Javier Díaz Verón, a instancia del
propio Lugo. Candia es acusado de haber promovido la represión a
dirigentes de organizaciones campesinas y de movimientos populares. Su
nominación a Fiscal General del Estado en el 2005 fue aprobado por el
entonces embajador de los Estados Unidos, Jhon F. Keen. Candia fue
responsable de un mayor control por parte de USAID del Ministerio
Público y fue acusado en los inicios de su gobierno por Fernando Lugo de
conspirar en su contra para quitarlo del gobierno. Tras asumir como el
ministro político de Lugo, lo primero que anunció Candia fue la
eliminación del protocolo de diálogo con los campesinos que invaden
propiedades. El mensaje es que no habrá conversación, sino simplemente
la aplicación de la ley, lo que significa emplear la fuerza policial
represiva sin contemplación.
Dos días después de asumir Candia
Amarilla, los miembros de la UGP, encabezado por Héctor Cristaldo, ya
visitaron al flamante ministro del Interior, a quien solicitaron
garantías para la realización del denominado tractorazo. Sin embargo,
Cristaldo dijo que la medida de fuerza puede ser suspendida en caso de
nuevas señales favorables para la UGP (léase liberación de las semillas
transgénicas de Monsanto, destitución de Lovera y otros ministros, entre
otras ventajas para el gran capital y los oligarcas) derechizando aun
más el gobierno.
Cristaldo es precandidato a
diputado para las elecciones de 2013 por un movimiento interno del
Partido Colorado, liderado por Horacio Cartes, un empresario investigado
en el pasado reciente por Estados Unidos por lavado de dinero y
narcotráfico, según el propio diario ABC Color, que se hizo eco de
varios cables del Departamento de Estado de USA, publicado por
WikiLeaks, entre ellos uno que aludía directamente a Cartes, el 15 de
noviembre de 2011.
Juicio político a Lugo
En las últimas horas, mientras se
redactaba esta crónica, la UGP, (4) algunos integrantes del Partido
Colorado y los propios integrantes del Partido Liberal Radical
Auténtico, PLRA, dirigido por el senador Blas Llano y aliado del
gobierno, amenazan con un juicio político Fernando Lugo para destituirlo
como presidente de la República del Paraguay.
Lugo depende del humor de los
colorados para seguir como presidente de la República, así como de sus
aliados liberales, que ahora lo amenazan con juicio político, con
seguridad buscando más espacios de poder (dinero) como prenda de paz. El
Partido Colorado, aliado a otros partidos minoritarios de la oposición,
tiene la mayoría necesaria como para destituir al presidente de sus
funciones.
Quizás se esperan “las señales
favorables” de Lugo que la UGP - en nombre de la Monsanto, la patria
financiera y los oligarcas - está exigiendo al gobierno. Caso contrario,
se estaría pasando a una siguiente fase de los planes de copamiento de
este gobierno que nació como progresista y lentamente va terminando como
conservador, controlado por los poderes fácticos.
Entre algunos de sus haberes,
Lugo es responsable de la aprobación de la Ley Antiterrorista,
propiciada por Estados Unidos en todo el mundo después del 11 S.
Autorizó en 2010 la implementación de la Iniciativa Zona Norte,
consistente en la instalación y despliegue de tropas y civiles
norteamericanos en el norte de la Región Oriental - en las narices del
Brasil - supuestamente para desarrollar actividades a favor de las
comunidades campesinas.
El Frente Guazú, coalición de las
izquierdas que apoya a Lugo, no logra unificar su discurso, y sus
integrantes pierden la perspectiva en el análisis del poder real,
cayendo en los juegos electoralistas inmediatistas. Infiltrados por
USAID, muchos integrantes del Frente Guazú que participan en la
administración del Estado, sucumben ante los cantos de sirena del
consumismo galopante del neoliberalismo. Se corrompen hasta los tuétanos
y en la práctica se convierten en émulos vanidosos de engreídos ricos
que integraban los recientes gobiernos del derechista Partido Colorado.
Curuguaty también engloba un
mensaje para la región, especialmente para Brasil, en cuya frontera se
producen estos hechos sangrientos, claramente dirigidos por los amos de
la guerra, cuyos teatros de operaciones se pueden observar en Irak,
Libia, Afganistán y ahora Siria. Brasil está construyendo hegemonía
mundial junto a Rusia, India y China, denominado BRIC. Sin embargo,
Estados Unidos no ceja en su poder de persuasión al gigante de
Sudamérica. Ya está en marcha el nuevo eje comercial integrado por
México, Panamá, Colombia, Perú y Chile. Es un muro de contención a los
deseos expansionistas del Brasil hacia el Pacífico.
Mientras, Washington sigue con su
ofensiva diplomática en Brasilia, tratando de convencer al gobierno de
Dilma Rousseff a estrechar vínculos comerciales, tecnológicos y
militares. Entre tanto, la IV Flota de los Estados Unidos, reactivada
hace unos años después de estar fuera de servicio apenas culminó la
Segunda Guerra Mundial, vigila todo el Atlántico Sur, en carácter de
otro cerco al Brasil por si no comprendiese la persuasión diplomática.
Y Paraguay es un país en disputa
entre ambos países hegemónicos, dominado aun ampliamente por USA. Por
eso lo de Curuguaty es también una pequeña señal para Brasil, en el
sentido que el Paraguay puede convertirse en un polvorín que quebrantará
el desarrollo del suroeste del Brasil.
Pero por sobre todo, los muertos
de Curuguaty es una señal del capital, del gran capital, del
extractivismo expoliador, que asuela el Planeta y aplasta la vida en
todos los rincones de la Tierra en nombre de la civilización y el
desarrollo. Por fortuna, los pueblos del mundo también van dando
respuestas a estas señales de la muerte, con señales de resistencia, con
señales de dignidad y de respeto a todas formas de vida en el Planeta.
